El alcalde del distrito municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez destacó el valor del reglamento como herramienta para fortalecer la autonomía local.
SANTO DOMINGO.- La planificación territorial y el ordenamiento urbano son fundamentales para garantizar un desarrollo turístico sostenible, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente en la República Dominicana, ya que el crecimiento desordenado puede acarrear graves consecuencias, como la degradación ambiental, la pérdida de identidad cultural y conflictos sociales.
Aunque hace falta la acción determinada, la coordinación interinstitucional y la participación activa de las comunidades, la implementación de políticas que coordinen el uso del suelo con las características y necesidades de cada comunidad y es la única garantía de que este desarrollo sea equilibrado y responsable.
En este contexto, el presidente Luis Abinader emitió esta semana el Decreto núm. 396-25, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, que establece que los gobiernos locales deben diseñar, aprobar y aplicar sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), permitiendo una gestión más eficiente y coherente del uso del suelo en sus demarcaciones.
El primero en opinar el Reglamento ha sido el alcalde del distrito municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, quien en un comunicado de prensa manifestó su firme respaldo, destacando su valor como herramienta para fortalecer la autonomía local y asegurar una planificación territorial responsable.
“Desde el principio sostuvimos que esta ley era una herramienta esencial para orientar el crecimiento de nuestros pueblos con responsabilidad. Hoy celebramos que, gracias al trabajo conjunto de diversos sectores, el país cuenta con un instrumento robusto que respalda la autonomía municipal en la planificación del territorio”, expresó.
A juicio de Rodríguez el reglamento representa un avance sin precedentes al dotar a los gobiernos locales de facultades concretas para gestionar el uso del suelo conforme a la vocación y necesidades de cada demarcación, lo que es especialmente importante en zonas de alto dinamismo turístico como la región este.
“En La Otra Banda ya estamos adoptando las medidas necesarias para alinear nuestros procesos de planificación urbana con las disposiciones del nuevo reglamento, con el objetivo de asegurar un crecimiento ordenado y sostenible”, agregó el edil.
Impacto en el turismo
El Reglamento de aplicación de la Ley 368-22 representa un hito en la consolidación de un modelo turístico más ordenado, justo y sostenible. Si bien la norma establece los cimientos legales y procedimentales, su verdadero impacto dependerá de la voluntad política, la coordinación interinstitucional y la participación activa de las comunidades.
Como expresó el alcalde Alexander Rodríguez, se trata de un paso decisivo para fortalecer la gobernanza territorial: “Esta ley y su reglamento no solo empoderan a los gobiernos locales, sino que dignifican a nuestras comunidades al reconocer su derecho a crecer con orden, justicia y respeto por su identidad territorial.”
Toca ahora a todos los actores, Estado, municipios, sector privado y ciudadanía, traducir esta legislación en acciones concretas que preserven la riqueza natural y cultural del país, al tiempo que se fortalece su economía con un enfoque más equitativo y sostenible.
El reglamento establece que para la aprobación de proyectos turísticos se requiere no solo el permiso de uso de suelo emitido por el gobierno local, sino también una certificación de no objeción del Ministerio de Turismo (MITUR), asegurando que dichos proyectos sean compatibles con la vocación del territorio y respondan a las necesidades de las comunidades receptoras.
No obstante, la aplicación efectiva de estas políticas plantea importantes desafíos, como fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos municipales, garantizar la participación ciudadana y asegurar la aplicación rigurosa del reglamento.
En zonas como Bávaro-Punta Cana, las comunidades han denunciado la falta de control sobre la expansión hotelera y su impacto ambiental, evidenciando la urgencia de una planificación concertada y transparente.
Retos en la implementación
Doble permisología: El reglamento exige que los proyectos turísticos cuenten con un permiso de uso de suelo otorgado por el ayuntamiento correspondiente y, además, con una certificación de no objeción del Ministerio de Turismo. Algunas autoridades locales alegan que este requisito limita la autonomía municipal garantizada por la Constitución, aunque el reglamento establece explícitamente mecanismos de coordinación interinstitucional y reconoce las competencias locales.
Recaudación y control de tasas: Los ayuntamientos demandan una mayor participación en la recaudación de tasas vinculadas al desarrollo turístico. Muchos denuncian que asumen los costos sociales y ambientales del turismo, pero reciben escasos recursos para fortalecer su capacidad de gestión.
Falta de capacidades técnicas: Un informe de la Liga Municipal Dominicana (LMD) de junio de 2025 reveló que solo el 18% de los municipios cuenta con un plan de ordenamiento actualizado y aprobado. Esta situación limita la capacidad de los gobiernos locales para aplicar efectivamente el nuevo reglamento.
Obligatoriedad de los planes municipales: Todos los gobiernos locales están legalmente obligados a formular y aprobar sus PMOT en un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor del reglamento (Art. 114), alineándolos con el Plan Nacional y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial.
Oportunidad para el modelo de desarrollo
La Dirección de Planificación y Proyectos del MITUR, liderada por Shaney Peña Gómez, desempeña un rol fundamental en la articulación entre inversión privada, desarrollo local y sostenibilidad. En entrevista con la revista Arquitexto, Peña Gómez destacó: “Una ciudad es más turística cuando es más habitable. El turismo debe ser un medio para alcanzar desarrollo positivo y mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras.”
La funcionaria ha insistido en que la nueva ley permite establecer un marco claro que guíe la inversión turística de manera que se respeten los ecosistemas, se evite la sobresaturación de destinos y se promueva una distribución territorial más equitativa del turismo.
