SANTO DOMINGO.– La forma en que el Estado dominicano contrata su publicidad acaba de cambiar. La nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas (47-25) y su reglamento de aplicación establecen que la publicidad oficial deberá contratarse directamente con los medios y plataformas de comunicación, prohibiendo de manera expresa el uso de agencias publicitarias u otras figuras de intermediación.
La medida forma parte de un esfuerzo por ordenar el gasto público y fortalecer los mecanismos de transparencia en la administración estatal, en un terreno que históricamente ha estado bajo observación por su impacto presupuestario y su influencia en el ecosistema mediático.
Contratación directa como regla
La disposición está contenida en el artículo 167 del reglamento, que establece que la contratación directa solo procede cuando la orden de compra o el contrato se suscribe con el medio titular del espacio de difusión. Esto incluye prensa escrita, radio, televisión, sitios web, redes sociales y plataformas de streaming.
El reglamento es enfático en un punto: no puede existir intermediación comercial que encarezca o distorsione los precios del servicio. Con ello, la normativa busca garantizar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y reducir estructuras que puedan afectar la transparencia del proceso.
Más que un ajuste técnico, la medida redefine el vínculo entre el Estado y los canales de difusión, trasladando la relación contractual directamente hacia quienes poseen el espacio publicitario.
Medios formales y reglas claras
La normativa también establece que los medios contratados deberán estar legalmente constituidos y registrados ante la autoridad competente, y que las contrataciones deberán alinearse con las políticas de publicidad pública del Poder Ejecutivo cuando se trate de instituciones adscritas a este poder.
Otro elemento relevante es que la excepción de contratación directa no incluye la creación o producción del contenido publicitario, delimitando así el alcance del mecanismo y evitando interpretaciones discrecionales en la ejecución del gasto.
En la práctica, esto separa dos procesos: la compra del espacio publicitario y la elaboración del mensaje.
Transparencia vs. corrupción: el debate que abre la contratación directa
La Dirección General de Contrataciones Públicas sostiene que la Ley 47-25 fortalecerá el sistema mediante un régimen sancionador más robusto y mayores mecanismos de control para prevenir irregularidades en el uso de los recursos públicos. En esa misma línea, el presidente Luis Abinader ha señalado que el nuevo marco busca consolidar la institucionalidad y garantizar un manejo más justo y auditable del gasto estatal.
No obstante, el debate trasciende el ámbito local. La literatura económica internacional advierte que la relación financiera entre el Estado y los medios puede generar incentivos sensibles. Un estudio del National Bureau of Economic Research (NBER) encontró que un mayor volumen de publicidad gubernamental en los periódicos se asoció con una menor cobertura de escándalos de corrupción, lo que sugiere que la dependencia publicitaria puede influir —directa o indirectamente— en las dinámicas informativas.
En este contexto, organismos como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han advertido que la contratación pública es una de las áreas más vulnerables a la corrupción si no cuenta con supervisión permanente. La discusión, por tanto, no se limita al modelo de contratación, sino a la solidez de los controles: reglas claras, criterios objetivos de asignación y sistemas efectivos de fiscalización serán determinantes para que el nuevo esquema combine eficiencia administrativa con transparencia.
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