La entidad plantea una serie de ajustes para mejorar la pieza legislativa.
SANTO DOMINGO.- La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), consideró que la actual versión del proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, demanda ser revisado, a los fines de garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de inquilinos y propietarios.
La asociación que agrupa a más de 1,500 agentes inmobiliarios y 59 empresas de los principales destinos del país, reconoce que la propuesta de modernización del régimen de alquileres representa un avance significativo que aporta mayor seguridad jurídica al sector inmobiliario dominicano.
A través de un comunicado, la asociación destaca que la iniciativa incluye elementos muy positivos como unificación de la normativa, regulación integral de contratos, bancarización flexible del depósito de garantía, incorporación de pólizas de seguro y procedimientos de desalojo más equilibrados.
“Sin embargo, identificamos aspectos críticos que requieren revisión antes de la aprobación definitiva para garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de inquilinos y propietarios”, resalta el documento.
El documento, firmado por la junta directiva desglosa cinco aspectos que entiende, necesitan mejoras, en la propuesta aprobada el 25 del pasado mes de junio en primera lectura, en la Cámara de Diputados:
1-Tipificación penal desproporcionada
Cita las penas de 3-5 años de prisión al propietario que no agote completamente el procedimiento judicial de desalojo. Según la AEI el impacto generado afectaría el derecho fundamental de propiedad y podría desincentivar la inversión inmobiliaria formal, tras señalar que las sanciones penales no deben aplicarse a violaciones de procesos civiles
En ese sentido, propone mantener este aspecto en el ámbito civil exclusivamente. “Los actos violentos o agresiones físicas ya están cubiertos automáticamente por el derecho penal general y su Código Penal”, asegura.
2-Alteración del régimen de gastos contractuales
Subraya que la atribución automática de gastos legales al propietario, contradice el artículo 1593 del Código Civil, apuntando que alteraría el principio de que quien tiene interés principal en la operación asume los gastos. Sugiere, al respecto, respetar la práctica tradicional donde el inquilino asume estos gastos legales.
3- Riesgo de precedente en compraventas y evasión de servicios inmobiliarios
“La regla de «quien contrata paga» puede generar precedente desfavorable en compraventas y afectar negativamente el proyecto de ley para regulación de servicios inmobiliarios y corretaje que cursa en el Congreso”, plantea la AEI, sosteniendo que esta medida podría incentivar que compradores e inquilinos contacten directamente a propietarios/constructores para evitar pagar “comisiones”, obviando la figura del agente o asesor inmobiliario.
Recomienda delimitar claramente el alcance para evitar interpretaciones extensivas y proteger la intermediación inmobiliaria profesional.
4-Omisión sobre intereses del depósito
De acuerdo al documento de la AEI, el anteproyecto no contempla los intereses que genera el depósito de garantía en favor de inquilinos, lo cual es un retroceso frente a la Ley 4314 que sí reconocía estos derechos, por lo que la entidad opina que se debe incluir esta disposición expresa sobre intereses del depósito.
5-Confusión conceptual: depósito vs. renta anticipada
El proyecto de ley, a juicio de la AEI, no distingue claramente entre depósito de garantía y pago anticipado de primera renta, lo cual “obstaculiza” el esquema «2+1» (dos mensualidades de depósito + una de prepago) de uso estándar, por lo que solicita aclarar que el límite de dos mensualidades no incluye el primer mes de renta.
La organización precisa que apoya la modernización del régimen de alquileres pero considera indispensable realizar los ajustes señalados para garantizar la seguridad jurídica requerida por el sector, evitar efectos negativos sobre la inversión inmobiliaria, mantener el equilibrio entre derechos de propietarios e inquilinos y preservar las prácticas profesionales del mercado que sí funcionan.
“Es fundamental corregir estos aspectos antes de la aprobación definitiva para lograr una ley que verdaderamente contribuya al desarrollo sostenible del sector inmobiliario dominicano, beneficiando tanto a propietarios como a inquilinos”, concluye el comunicado.
