Además prohibía a los desarrolladores de proyectos a realizar ventas directas a los clientes.
SANTO DOMINGO.- Un proyecto de ley sometido ante el Congreso Nacional por la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), en el periodo 2007-2008, no fue aprobado porque excluía a los abogados de ser automáticamente corredores autorizados.
Así lo sostiene el ingeniero Luis Sabater Núñez, expresidente de la AEI, quien agrega que además dicha propuesta prohibía a los desarrolladores de proyectos, realizar ventas directas a sus clientes.
Explicó que para entonces le tocó jugar un doble papel con el proyecto «que avanzó bastante en el Congreso» durante los años mencionados, pues además de ser un miembro activo y pasado presidente de la AEI, se desempeñaba como asesor de la comisión de Obras Públicas del Senado de la República.
“En esa ocasión, la Ley no se aprobó por la oposición de varios congresistas, especialmente de la Comisión de Hacienda del Senado, ya que la ley propuesta excluía a los abogados de ser automáticamente corredores autorizados», dijo al responder preguntas a El Inmobiliario.
Añadió que, además, la Ley obligaba al uso de corredores en todas las operaciones de compraventa de inmuebles, prohibiendo a los desarrolladores de proyectos a realizar ventas directamente a sus clientes. «Eso se evaluó como inconstitucional, pues limitaba el libre comercio y ponía restricción a los derechos de propiedad privada. Los directivos de la AEI en el momento no aceptaron hacer los cambios sugeridos”, apuntó.
Ingeniero Luis Sabater Núñez. (Fuente externa).
Luis Sabater Núñez consideró que la ley para regular la intermediación inmobiliaria debe requerir de una formación profesional previa y cursos de actualización periódicos obligatorios para los agentes inmobiliarios.
Sobre la propuesta que conoce actualmente la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el ingeniero opinó que se deben establecer responsabilidades con esquemas de penalización por violaciones, para aquellas personas que ejerzan la profesión sin la licencia expedida por la autoridad competente y que debe ser establecida en la Ley, para emitir las autorizaciones de corredor inmobiliario.
“Creo que ese elemento debe ser el eje para garantizar la calidad del servicio y evitar los fraudes o malas prácticas, que tanto daño han producido a compradores e inversionistas”, dijo el profesional.
Expuso que las asociaciones de empresas y/o corredores inmobiliarios han querido profesionalizar la práctica del corretaje para la venta o los alquileres, tal como se hace en la mayoría de los países organizados.
Sabater Núñez sostuvo que los primeros intentos de regular el corretaje inmobiliario en el país se realizaron a mitad de los años ’80, registrándose la introducción formal al Congreso de un proyecto de ley en 1989.
“Luego de ese primer intento, conozco de otras tres veces (incluida la actual). En los distintos casos, las motivaciones han ido orientadas a regular las personas que pueden participar como intermediarios en la oferta de bienes inmuebles, tanto para la venta como para alquileres”, declaró.
Aunque no recuerda nombres específicos de las iniciativas, asegura que siempre el motivo ha sido la regulación del corretaje inmobiliario.
Sabater Núñez destacó que la AEI y «una desaparecida Asociación Dominicana de Agentes Inmobiliarios han tenido el liderazgo de los diferentes intentos por regular el sector».
“En el caso de la AEI creo que todos los pasados presidentes hemos realizado esfuerzos para lograr la aprobación congresional de la citada regulación. Quizás puedo destacar gestiones destacables de Francisco Muñiz, Fortunio Ubiñas, y Víctor Báez, con apoyo del fallecido miembro Leonardo López. En el caso de los agentes, la dirigente histórica fue María Mora, quien ejerció mucha influencia en el sector a comienzo de los años noventa”.
