SANTO DOMINGO.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue apoderado para conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set Club, donde el 8 de abril del presente año colapsó el techo de la edificación dejando un saldo de 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.
El Ministerio Público presentó el pasado viernes 08 de noviembre, acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Espaillat, estableciendo que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
El juez Raymundo Mejía, quien ha sido designado para el caso, deberá fijar fecha para la audiencia en la que se conocerá la acusación presentada por el Ministerio Público.
La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, designó el caso mediante un sorteo computarizado y aleatorio, conforme al procedimiento judicial establecido.
De acuerdo con el Código Penal Dominicano, el delito de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de prisión, mientras que los cargos por golpes y heridas involuntarias se sancionan con penas de seis días a dos meses de cárcel.
Lo que dice el Ministerio Público
La investigación se realizó a partir de una instrucción particular dictada por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para que llevaran adelante el proceso penal, a fin de determinar las causas de la caída del techo de la discoteca Jet Set Club.
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.
Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.
