La agrupación reafirmó su posición de rechazo a una reforma que califica de regresiva.
SANTO DOMINGO.- Ayer jueves la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), externó su preocupación ante la reciente aprobación del proyecto de ley que modifica el Código Laboral, advirtiendo que la reforma supone serios retrocesos para la estabilidad jurídica, el clima de inversión y la competitividad del país.
De su lado, el presidente de la Comisión Especial del Senado que estudió el proyecto de modificación al Código, Rafael Barón Duluc, aseguró que la pieza legislativa no representa un retroceso, sino una modernización del régimen laboral dominicano.
«De acuerdo con los puntos identificados por el equipo técnico de Copardom, el proyecto aprobado desconoce acuerdos fundamentales alcanzados en el Consejo Consultivo de Trabajo, espacio tripartito donde durante años se consensuaron temas claves para la modernización de las relaciones laborales», dijo la presidenta de la entidad empresarial, Laura Peña Izquierdo.
Como uno de los aspectos más alarmantes señalaron la eliminación de la conciliación previa, mecanismo que permitía resolver conflictos de forma ágil y menos costosa para las partes. Con esta supresión, los empleadores temen un aumento innecesario de litigiosidad y sobrecarga de los tribunales.
Otro cambio controvertido resaltado por Peña Izquierdo fue la modificación de las prohibiciones a los trabajadores, ya que se eliminan restricciones sobre colectas en los lugares de trabajo y propaganda religiosa, manteniéndose únicamente la limitación a la propaganda política, generando vacíos que podrían enturbiar el clima laboral.
A través de una nota de prensa, la presidenta de la Copardom advirtió que la nueva redacción obliga al pago de prestaciones laborales por jubilación o retiro aunque la pensión provenga de cuentas de capitalización individual del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), lo que incrementa los costos laborales y distorsiona el principio de proporcionalidad.
En el ámbito financiero, exponen sobre el riesgo de una ejecución de sentencias más engorrosa, pues ahora se exige validar consignaciones judiciales mediante audiencias, cuando antes bastaba con un depósito administrativo. Esta traba procesal expone a las empresas a embargos preventivos y multiplica cargas sobre los jueces.
«Particular preocupación genera la disposición que afecta la competitividad de las zonas francas, obligándolas a pagar participación en los beneficios de la empresa, lo que contradice los incentivos que por décadas han convertido a este sector en motor clave de exportaciones y empleo», precisó.
Copardom alertó en el documento de prensa, que se abre la puerta para que el Poder Ejecutivo declare días no laborables sin claridad sobre su remuneración, aumentando la incertidumbre sobre la planificación de operaciones y costos.
«La patronal considera que disposiciones como la indemnización indebida a instituciones financieras durante embargos ejecutivos atentan contra la estabilidad del crédito, ya que imponen pagos adicionales por cada día de demora en la entrega de garantías, enfatizó.
La agrupación reafirmó su posición de rechazo a una reforma que califica de regresiva, ya que rompe el delicado equilibrio entre derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, y desconoce principios fundamentales de libertad empresarial, dijo Peña Izquierdo.
La organización empresarial hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para reabrir un diálogo tripartito auténtico, retomando los consensos construidos en años de trabajo técnico y concertación.
Copardom reiteró su compromiso con una reforma laboral moderna, inclusiva y equilibrada, que fomente la competitividad y la generación de empleos de calidad en la República Dominicana.
El comunicado está firmado por 85 gremios empresariales, entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA).
Califica posición de tremendista
El presidente de la Comisión Especial del Senado que estudió el proyecto de modificación al Código de Trabajo, Rafael Barón Duluc, calificó como “tremendista e injusta” la postura del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que ha tildado la reforma laboral en curso como regresiva.
El legislador pidió a esa entidad retractarse y aseguró que la pieza legislativa no representa un retroceso, sino una modernización del régimen laboral dominicano.
“Decir que este proyecto atenta contra la seguridad laboral o que es regresivo es totalmente falso”, afirmó Barón Duluc, al ser abordado por la prensa en el Congreso Nacional.
Según explicó, la Comisión no acogió propuestas como el establecimiento de un tope a la cesantía —uno de los puntos que generó mayor resistencia desde los sindicatos—, lo que, a su juicio, desmonta la narrativa empresarial de que la reforma reduce derechos
