En Dajabón, autoridades municipales y comunitarios se manifestaron a favor de que los propietarios de viviendas que alquilen a indocumentados haitianos sean multados, considerando la situación como preocupante ante la gran cantidad de indocumentados que residen en esa zona.
A finales del pasado mes de noviembre fue depositado ante la Cámara de Diputados, un anteproyecto que recomienda medidas para limitar el alquiler de casas a haitianos, restringirles empleos o condicionarles la compra de terrenos e inmuebles en el país.
La propuesta de Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista y que será asumida por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dispone que antes de vender algún inmueble o terreno a los haitianos, el Poder Ejecutivo tendría que revisar, depurar y autorizar la solicitud.
La catedrática Eneida Gómez, residente en el municipio de Dajabón, dijo al Listín Diario que la renta de casas a los haitianos debe de ser un motivo de preocupación para todos ciudadanos no sólo de la frontera, sino del país tras considerarlo un peligro.
“No nos oponemos a que si están legales, tienen un permiso del Estado dominicano se les permita, pero estoy totalmente en desacuerdo con que renten las viviendas a los ilegales”, indicó la maestra.
Mientras, Rómulo Valdallá, residente en el distrito municipal de Cañongo, expuso que la zona está llena de haitianos por lo que pidió que sean multados los dueños que tienen sus casas alquiladas a los extranjeros indocumentados, según la información del Decano de la prensa dominicana.
Asimismo, el alcalde del municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, expresó que los haitianos no sólo están alquilando viviendas, sino que también están comprando propiedades.
“La ley dice que a indocumentados no se les puede alquilar vivienda, pero aquí en Dajabón no solamente están alquilando, están comprando propiedades, pero la ley contempla que eso es ilegal”, dijo Riverón.
El anteproyecto
Establece que el segundo numeral del artículo 10, que limita la propiedad inmobiliaria en la zona divisoria para que esté sometido a requisitos legales específicos, privilegian la propiedad del interés de los dominicanos.
También, determina que los inmuebles del Estado en las provincias situadas en el la zona Oeste del país podrán ser explotados, mediante fideicomisos públicos, alianzas público-privadas, y otras formas, siempre con la participación mayoritaria de los dominicanos.
El artículo cuatro de la propuesta plantea obligar a los propietarios de vivienda a requerir los documentos de identidad y su estatus migratorio a los extranjeros antes de alquilar sus casas. Si los documentos son válidos, los propietarios deberán registrarlo en el contrato de renta y reportarlo a la Dirección General de Migración.
“Los extranjeros en situación migratoria regular que alojen a otros extranjeros ilegales perderán su condición migratoria y serán deportados”, dice el artículo, que también mandaría a la Dirección General de Migración a llevar el control de los haitianos que viven alquilados.
Asimismo, que cada año, el gobierno le informará al Congreso Nacional sobre las solicitudes y las autorizaciones vigentes.
