SANTO DOMINGO.-En el expediente instrumentado por el Ministerio Público sobre la llamada Operación Camaleón, sobre el contrato de la red semafórica de Santo Domingo, plantea que el principal señalado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), introdujo al país equipos para espionaje en las elecciones durante la pandemia del COVID-19, además de mercancías ilícitas de alta tecnología.
«El análisis de las evidencias recolectadas ha determinado que el imputado Jochi Gómez introdujo al territorio de la República Dominicana mercancías tecnológicas de alto valor económico y estratégico —entre ellas vehículos aéreos no tripulados (drones), plataformas de aterrizaje, gimbals (dispositivo para estabilizar cámaras), software especializado servidores—, sin cumplir con los procedimientos aduanales y tributarios exigidos por la ley, configurando los delitos de contrabando y comercio ilícito«, dice el documento.
La investigación realizada a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señala además, que las acciones ilegales fueron realizadas para sabotear el sistema semafórico del Gran Santo Domingo, con el objetivo de presionar y desestabilizar al Estado dominicano tras el inicio de investigaciones y auditorías en contra de los imputados.
El expediente de acusación formal revela que, entre marzo y agosto de 2024, la empresa Transcore Latam, S.R.L., acusada de sabotaje de la red semafórica de Santo Domingo, realizó instalaciones nocturnas y no autorizadas de nuevos reguladores semafóricos en distintos puntos del Gran Santo Domingo para apropiarse del sistema.
Según el Ministerio Público, estas labores se llevaron a cabo bajo las órdenes de los imputados (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, quienes habrían dirigido los trabajos fuera del horario regular, sin la supervisión ni la aprobación del Intrant.
Simultáneamente, asegura el documento, se modificaron los llavines y cajas de control, impidiendo al personal del Intrant acceder a los nodos principales.
«Esta acción significó el secuestro operativo de la red semafórica del Gran Santo Domingo, que pasó a depender exclusivamente del centro de control de Transcore Latam, ubicado bajo control directo de los imputados, todo esto como represalia a la suspensión del contrato de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas y del Intrant«, detalló.
Las fallas
Las nuevas tecnologías introducidas de manera irregular impidieron que los técnicos del Intrant pudieran reprogramar, monitorear o controlar remotamente los tiempos de los aparatos de tránsito, afectando la capacidad institucional para mantener el flujo de vehículo y la seguridad vial.
El contrato suspendido con la empresa Transcore Latam por irregularidades en la licitación ascendía a un monto superior a los 1,300 millones de pesos.
Tras la suspensión, en el 2024 el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en varias ocasiones, lo que generó caos en distintas avenidas. Las autoridades responsabilizaron a Gómez Canaán, quien tenía varios contratos con el Estado, entre ellos el de expedición de licencias de conducir con Dekolor.
Hugo Veras, aliado clave
El expediente de acusación formal contra los involucrados en el caso Operación Camaleón concluyó que Hugo Beras Goico, exdirector ejecutivo del Intrant, «es el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia», además de que «facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica».
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como principal autoridad del Intrant entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Hugo Beras «fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado».
Lo acusa de ser coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios, entre otros.
El expediente también incorpora a tres nuevos procesados: Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, Mariano Gustini y Henry Darío Féliz Casso.
Además de Beras, Gómez, Mora Gustini y Féliz, enfrentan acusación Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Con información de Diario Libre.
