SANTO DOMINGO.-El nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgado el pasado domingo por el presidente Luis Abinader y que entrará en vigencia en agosto de 2026, establece sanciones severas para los casos de estafas inmobiliarias.
Según el marco penal, los delitos que recaen sobre un bien inmueble serán considerados como “agravados”, una nueva tipificación que no existe en el código vigente, el cual ha estado en vigor en el país desde el 1884.
El artículo 238 del nuevo Código Penal establece que “la estafa agravada será sancionada con cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
De acuerdo con el código aprobado, el cual se encuentra contenido en la Ley 74-25, la estafa —que consiste en engañar a otra persona mediante maniobras fraudulentas o el uso de una falsa identidad— puede ser sancionada con tres a cinco años de prisión menor en sentido general.
Esto representa un cambio respecto a la normativa vigente, que establece penas de seis meses a dos años de prisión para las estafas, sin diferenciar tipos o agravantes específicos.
Por otra parte, el artículo 239 contempla las estafas colectivas, que se producen cuando alguien, ya sea de forma independiente o en representación, recurre al público para la captación de recursos con la intención de engañar.
“Comete estafa colectiva quien apela al público, sea por cuenta propia o como directivo o empleado real o supuesto en una empresa o entidad, pública o privada, para obtener la entrega de valores o fondos, la emisión de títulos valores o para efectuar colectas de fondos con fines de ayuda social”, precisa el texto legal.
El cuerpo normativo sancionará estas conductas con penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas equivalentes a diez a veinte salarios mínimos del sector público.
Un paso a la justicia moderna
El domingo tres de agosto, el presidente de la República promulgó el nuevo Código Penal Dominicano, luego de décadas de intentos fallidos en la actualización del régimen.
“Esta actualización dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, incluyendo la delincuencia organizada, y garantizar la protección efectiva de las víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho”, dio a conocer la Presidencia en un comunicado.
Asimismo, establecieron que, con la promulgación del nuevo código, el país estará dejando atrás un marco normativo “anacrónico” para dar paso a un modelo de justicia moderno.
