SANTO DOMINGO.- Dos iniciativas legislativas con las que República Dominicana daría un salto importante hacia el fortalecimiento del trabajo de los bienes raíces en el país, perimieron el pasado año en la Cámara de Diputados ante la falta de consenso de los legisladores.
Por un lado, se encuentra el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, cuya última versión fue depositada en agosto del año 2022 por el actual presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, y que perimió el 26 de julio del pasado año por desacuerdos en la comisión especial creada para estudiarlo.
La pieza, objeto de estudio desde hace unos 20 años, derogaría las leyes No. 4314, del 22 de octubre de 1955 y No. 17-88, del 5 de febrero de 1988 y el decreto No. 4807. La primera ley citada y el dictamen presidencial datan de la época trujillista.
Entre los objetivos del proyecto figuran reformar esas normativas obsoletas existentes para estimular la inversión privada nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos inmobiliarios destinados al alquiler, buscando que desde el Estado se desarrollen políticas que faciliten las ofertas de unidades habitacionales y con ello, que se abaraten los costos de alquiler.
El interés por la pieza legislativa quedó evidenciado, durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, del 24 de mayo 2023, cuando ese órgano declaró de urgencia, aprobó en primera lectura el proyecto de ley y lo volvió a remitir a comisión con el propósito de realizar vistas públicas.
El diputado peledeista, Luis Henríquez Beato, quien fue parte de la comisión especial que estudió la pieza durante ocho meses, admitió en entrevista con El Inmobiliario en septiembre pasado, que la razón por la que la iniciativa no logró ser convertida en ley es porque persisten disensos.
“Los derechos de la vivienda del inquilino y el derecho de propiedad de los propietarios. El equilibrio de esos dos derechos tiene muchos celos de legisladores que defienden una parte o la otra”, aseveró.
Desde diversos sectores hay objeciones al proyecto de ley por lo que sugieren fortalecerla. Así lo han expresado miembros de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acroprovi), de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros.
Reyna Echenique, secretaria de la Junta Directiva de la AEI, afirmó que los congresistas deben dotar al país de un nuevo marco jurídico que tome en cuenta y respete los derechos de propiedad de los propietarios y de uso de los inquilinos.
El 28 de junio la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudió el proyecto de ley recibió observaciones de unos 20 sectores durante unas vistas públicas.
Acoprovi, representada por su presidenta Annerys Meléndez, lamentó, durante esa audiencia, que exista poca inversión inmobiliaria debido a la falta de garantías jurídicas existentes.
En el escenario habló en ese tenor el proponente de la pieza, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, quien admitió: “Los alquileres de viviendas en la República Dominicana actualmente son un desastre”. Destacó que su proyecto establecería un equilibrio entre los derechos de los propietarios y de los inquilinos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) entendía que el proyecto de ley debía ser mejorado porque al establecer protocolos burocráticos considera afectaría al sector productivo y perjudicaría la inversión.
Mientras tanto la pieza sigue durmiendo el sueño eterno entre los disensos de los congresistas, sumergiendo al país en la carencia de un instrumento que responda a las demandas actuales del mercado.
Ley para regular los agentes
Desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) esperaban que el 2023 sería el año en que el país contaría con la aprobación del proyecto de Ley que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje en el país, un insrtrumento que mantiene a la República Dominicana en la orfandad, y contribuyendo a poner en riesgo la reputación de las firmas inmobiliarias de prestigio, al no existir ningún control en el ejercicio de los corredores inmobiliarios.
“En esta ocasión nos hemos reunido con la comisión que estudia el proyecto. En este año es casi seguro que vamos a tener una ley. Los legisladores están en regular el mercado por el tema impositivo y por ser el único eslabón suelto y creo que lo vamos a lograr”, declaró en junio 2023 a El Inmobiliario, Alberto Bogaert, presidente de la entidad.
Destacó que con ello “cesará el desorden de las operaciones en materia de bienes raíces en el país”.
Expuso que Acoprovi y la AEI intercambiaron las observaciones que han hecho a la pieza legislativa, «de manera que ha existido consenso entre ambos gremios en las enmiendas formuladas, buscando que sea una ley que se ajuste a la realidad y las necesidades de la industria».
“Hemos revisado el proyecto de ley y estamos en un punto de consenso que creo que vamos a lograrlo”, declaró Bogaert, quien consideró que dicho instrumento legislativo servirá para poner orden en la profesión, al disponer el requisito de portar una licencia para quienes deseen entrar a la carrera.
Recibidos en la Cámara de Diputados
Al recibir en mayo 2023 una comisión del sector, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, manifestó que en las próximas dos semanas estarían cruzando la ruta crítica en el estudio del proyecto para lograr su aprobación en el menor tiempo posible.
Desde el 2021
El proyecto de ley que cursa en la actualidad y que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje en el país fue introducido el 18 de agosto del año 2021 y es de la autoría de la diputada por el Distrito Nacional, Lourdes Serulle.
La pieza legislativa tiene como propósito proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces o sus agentes y la confianza del mercado inmobiliario, derivado del negocio jurídico que surge con motivo de la intermediación de los corredores de bienes raíces o sus agentes.
Comprende el régimen normativo, organizativo y de gestión de la actividad de la correduría de bienes raíces aplicables a los intermediarios inmobiliarios que operen en el territorio nacional, los requisitos para su ejercicio, los derechos y las obligaciones de los corredores y agentes; así como el contrato de corretaje; en adición al control de calidad de tales servicios.
Al igual que el proyecto de ley de alquileres necesita ser reintroducida este año ante el Congreso Nacional para su estudio, discusión y aprobación.
Foto portada: Comisión de la AEI y Acoprovi junto a la comisión de justicia de la Cámara de Diputados (Fuente externa).
