SANTO DOMINGO- El ingeniero Miguel Liberato denunció que tras catorce años de haber entregado obras públicas por varios contratos, el Estado dominicano aún le adeuda alrededor de RD$40 millones por los trabajos realizados, que alega fueron ejecutados con recursos propios de su empresa Ingenieros Liberato & Asociados, S.R.L..
“La última cubicación fue de 82 millones para terminar la obra. De esa suma resta por recuperar 40 millones”, expuso en declaraciones a El Inmobiliario.
El profesional afirma que años después de haber finalizado con éxito el Centro Regional Universitario UASD-Mao, desde 2020, ha intentado sin éxito que las autoridades del Ministerio de la Vivienda Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y el Ministerio de Hacienda realicen el pago pendiente, tal como lo solicitó en comunicación formal al ministro Carlos Bonilla. A la fecha, asegura que no ha recibido respuesta formal ni se ha reanudado el proceso.
“Los funcionarios de este gobierno, en los 5 años que tienen en el poder, no le han buscado ninguna solución a la supuesta pérdida de documentos cuando en realidad pudieron proceder a una reconstrucción documental de los expedientes”, enfatizó.
Liberato advirtió que no es el único afectado por este tipo de irregularidades. Según reveló, otros 82 contratistas agrupados en el Comité Institucional Codiano (CIC) enfrentan trabas similares.“La principal de ellas es que las instituciones contratantes (11 en total) argumentan que han desaparecido de sus archivos documentos que ellas generan y que son exigidos por el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos”, explicó el ingeniero.
El profesional de la construcción solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una investigación penal, disciplinaria y administrativapor lo que califica como obstrucción dolosa del proceso de tramitación de pago, por parte del Mivhed y el Ministerio de Hacienda.
En la solicitud de investigación, depositada el pasado 10 de julio dirigida a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el magistrado Wilson Camacho, Liberato detalla una serie de acciones que, según alega, han impedido de manera “intencional” que se le reconozca y pague la deuda derivada de tres contratos firmados en 2010 con la extinta desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Documentos «perdidos», rescisión fantasma y trabas administrativas
El caso está sustentado en más de 30 páginas de documentación oficial, en las que se identifican tres situaciones específicas que, a su juicio, configuran prevaricación administrativa, abuso de autoridad, falsedad documental y violación al debido proceso.
Uno de los expedientes, correspondiente al contrato FB-023-2010, fue paralizado por una supuesta rescisión, la cual nunca le fue notificada ni cuenta con respaldo legal, según admitió el propio Mivhed a través de su Oficina de Libre Acceso a la Información. En el documento OAI-087-2025, se indica expresamente que “no se tiene ningún archivo que compruebe la rescisión”, pese a que Hacienda usó ese argumento para devolver el expediente de pago.
En un segundo caso, relativo al contrato FB-105-2010, el MIVED omitió deliberadamente enviar el Acta de Recepción Final requerida por Hacienda. No obstante, luego fue localizada un Acta de Recepción Provisional que el mismo MIVED había archivado, la cual establece:
“Los trabajos fueron recibidos satisfactoriamente de conformidad con las especificaciones técnicas, normas de calidad y demás documentos de obra correspondientes. En consecuencia, se expide esta recepción provisional, la cual se convertirá en Recepción Final cuando el contratista presente la póliza de vicios ocultos”.
El ingeniero presentó una carta de Seguros Banreservas (DTRG-333/24), en la que se indica que no es posible emitir una póliza de vicios ocultos para una obra con más de un año en uso, lo cual representa una imposibilidad material de cumplir con ese requisito, ya que la construcción fue entregada hace casi 14 años.
“El contrato fue ejecutado y la obra fue inaugurada en agosto de 2011, lo que confirma su entrega y entrada en operación”, reitera la solicitud dirigida al Ministerio Público.
En el tercer caso documentado, Hacienda declaró inválidas las actas de recepción final de los contratos FB-023-2010 y FB-114-2010 alegando que las fechas de las cubicaciones no coinciden con las fechas de las actas. Sin embargo, el ingeniero señala que “esa pretensión de Hacienda es una joya de la ignorancia sobre competencia administrativa. Las actas de recepción final y las cubicaciones de cierre son totalmente diferentes e independientes”.
En sus demandas finales, solicita al Ministerio Público:
- Apertura de una investigación penal por prevaricación y abuso de funciones
- Auditoría al viceministro financiero del MIVHED por negligencia en la búsqueda de documentos
- Validación jurídica del Acta de Recepción Provisional como documento suficiente para el pago final
- Compensación económica por daños derivados de la mora en el pago
