Por Manuel Medina
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.– Frente a los alegados casos de malas prácticas en el sector inmobiliario, la comunidad dominicana en el exterior se prepara para participar del encuentro «Protegiendo el sueño dominicano», un esfuerzo conjunto de autoridades consulares y expertos para brindar orientación y herramientas que garanticen transacciones seguras.
La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 30 de abril de 2025 en la escuela Juan Pablo Duarte, en el corazón de Washington Heights, una de las zonas con mayor concentración de dominicanos en Manhattan, en la que se espera la asistencia de entre 200 y 300 personas, en una jornada que comenzará a las 5:30 de la tarde.
La actividad busca fortalecer la confianza de los dominicanos que desean invertir en su país de origen, pero que muchas veces enfrentan riesgos por desconocimiento.
Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), entidad que forma parte del encuentro, suministró la información a El Inmobiliario. En el documento enviado por el representante del gremio dominicano, se especifica que se ha diseñado un programa que incluye intervenciones de autoridades como los cónsules Jesús Vásquez y Bertico Santana, el congresista Adriano Espaillat, el senador estatal Luis Sepúlveda y el Defensor del Pueblo dominicano, Pablo Ulloa, quien se referirá a la importancia del respaldo institucional a la diáspora.
De acuerdo a la información, los asistentes recibirán orientación sobre buenas prácticas de inversión, conceptualización de proyectos, debida diligencia y herramientas disponibles a través del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). La jornada cerrará con un panel de análisis a cargo de expertos de diversas áreas, que abordarán los principales desafíos legales, fiscales y regulatorios que enfrenta la diáspora al realizar inversiones en República Dominicana.
Protegiendo el sueño dominicano» representa una respuesta concreta a una preocupación latente entre los dominicanos residentes en el exterior, quienes en los últimos años representan el 70% de los adquirientes de viviendas en el país.
Más allá de la prevención de fraudes inmobiliarios, la actividad pretende fortalecer el vínculo de confianza entre la diáspora y las instituciones responsables de velar por sus derechos.