SANTO DOMINGO. – El aviso emitido por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) que fijaba como plazo límite las 3:00 de la tarde de este lunes 17 de noviembre para que sus miembros remitieran información de proyectos pendientes ante instituciones públicas, provocó reacciones inmediatas entre otros gremios del sector construcción que aseguran no haber sido incluidos en la instrucción.
El mensaje, enviado a los miembros de ACOPROVI el pasado viernes 14, indica que, por instrucciones directas de la Presidencia de la República, los expedientes de sus afiliados recibirían “atención y gestión prioritaria” en las entidades gubernamentales donde permanecen en trámite, por lo que se exigía enviar de inmediato datos como nombre de la empresa, representante, institución responsable del expediente, fecha de depósito y dirección del proyecto.
La comunicación, redactada en un tono de urgencia y acompañada de llamados a completar la información “de inmediato”, no especifica si existe una resolución oficial ni detalla el mecanismo mediante el cual operaría la supuesta prioridad. Tampoco precisa si se trata de un acuerdo formal, una mesa técnica o una gestión gremial puntual.
Los excluidos
La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) de inmediato manifestó su inconformidad debido a que no recibió ningún aviso de esta naturaleza. Su presidente, Sandy Rodríguez, cuestionó la exclusividad del procedimiento y pidió claridad sobre los criterios utilizados.
«Eso entiendo: como gobierno deberían escuchar la problemática de todas las instituciones que representan al sector. Nosotros no entendemos por qué solo se le pidió información a una sola asociación, cuando en el país hay por lo menos cinco gremios de la construcción», tras sostener que este aviso selectivo refleja descoordinación.
El desconcierto también alcanzó a la Asociación de Desarrolladores y Constructores de La Altagracia (ADECLA), cuyo presidente, Mario Betances, explicó que no había recibido la notificación de manera directa.
A su vez, la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE) confirmó a El inmobiliario que tampoco recibió informaciones similares.
Inoportuno
El debate ocurre en un momento especialmente delicado para la industria. Según datos del Banco Central, el sector construcción registró una variación interanual de -2.3% entre enero y junio de 2025, manteniendo la tendencia contractiva que inició a principios de año, mientras, el PIB agregado creció 2.4% en ese mismo período, ampliando la brecha entre la construcción y el resto de la economía.
En 2024, el sector había cerrado con un crecimiento de apenas 2.1%, uno de los más bajos entre las actividades económicas. Factores como el alza de materiales, las altas tasas de interés y la lentitud en los permisos han sido señalados repetidamente por empresarios y gremios como obstáculos que frenan la recuperación.
Las asociaciones no vinculadas al aviso mantienen la posición de que cualquier mecanismo gubernamental para agilizar trámites debe aplicarse con criterios claros, transparentes y equitativos.
Los constructores insisten en que, ante una coyuntura de contracción y presiones financieras, no es oportuno crear rutas de atención diferenciadas que puedan generar ventajas para unos y exclusiones dentro del mismo sector.
A la espera de aclaraciones oficiales, los gremios reiteraron que están dispuestos a colaborar con las autoridades, pero enfatizaron que las decisiones que impactan a la industria deben comunicarse al mismo tiempo a todos los actores, para evitar incertidumbre y desigualdad.
