SANTO DOMINGO.- Desde diciembre del pasado año al presente mes de octubre Pro Consumidor ha recibido 618 reclamaciones de adquirientes de unidades habitacionales, rechazando los incrementos dispuestos por las empresas constructoras.
A la oposición por aumentos en el precio pactado, se añaden protestas por retrasos en la entrega y vicios de construcción, reveló anoche la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe, que se transmite cada lunes por Color Visión.
Los casos corresponden, de acuerdo a los documentos obtenidos por la investigación, a 156 empresas constructoras dominicanas, con las que Pro Consumidor intenta conciliar ante la parte demandante.
En el escenario donde no se llega a sellar un acuerdo entre los involucrados, el órgano estatal remite los casos a los tribunales de la República para que dirimen el desacuerdo.
“Aquí lo que hacemos es que tratamos de conciliar las aspiraciones de las inmobiliarias con los derechos del consumidor, expuso Geraldo Rivas, director de litigio de la entidad gubernamental, al ser entrevistado por El Informe.
Citó un caso de una joven que tras erogar el dinero inicial para la compra de un apartamento, el banco le negó la posibilidad de la hipoteca para el préstamo, por lo que retornó a la firma constructora, para que le devolvieran su dinero o lo que le correspondía y al encontrar oposición se dirigió al órgano protector de los consumidores, para que procesen su caso.
“Otra situación fue el aumento de una propiedad, cuyo expediente después de evaluarlo vimos que procedía un aumento de 12%”, sostiene el ejecutivo.
De acuerdo a los datos presentados por El Informe con Alicia Ortega, alrededor del 35% de las reclamaciones que llegan a Pro Consumidor están relacionados con quejas provenientes de adquirientes de inmuebles a empresas constructoras.
El director de litigio declaró que tras la avalancha de casos acumulados, en Julio se creó una mesa de trabajo y se activó el área de supervisión para que visite los lugares y recoja las informaciones que se necesitan, citando el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde el equipo de trabajo fue presencial para hacer el levantamiento y poder ofrecer respuesta a los usuarios y sus quejas.
“El área de inversión, por ejemplo, con bastante frecuencia se traslada a los lugares donde están las situaciones de conflictos y a veces también nos apoyamos en informes técnicos que debemos procurar a otras instancias del Estado”.
332 casos conciliados en los últimos meses, 159 en proceso de conciliación 62 archivados por desestimiento de los consumidores que llegaron a acuerdos amigables con las constructoras, es eparte del panorama actual, que según El Informe, afronta la entidad que vela por precios justos para los consumidores dominicanos.
Pro Consumidor cuenta con 40 abogados distribuidos en 11 oficinas en el país, y cuya misión, dice Rivas, es conciliar, pero si no se logra el acuerdo los casos son remitidos a los tribunales.
“Los temas de las constructoras a consecuencia de los tiempos de la pandemia ellos han aumentado porque según las quejas que nos llegan de las inmobiliarias, los constructores han estado poniendo la situación de la pandemia para plantearles a los adquirientes aumentos en los precios originalmente contratados”.
Abundó que sólo en el último mes “pudiéramos hablar de un número importante de 15 a 30 casos”.
“En algunos casos los contratos no necesariamente contemplan esos aumentos, aunque si hemos visto que se han estado poniendo en forma elevada la situación de la pandemia y los aumentos que la pandemia generó”, expuso Rivas.
