«Muchos desarrolladores abusan de la inexperiencia y la falta de conocimiento de inversionistas primerizos para cometer sus delitos». Reyna Echenique.
SANTO DOMINGO.- Al país le urge contar con un nuevo código penal que permita juzgar delitos como las estafas con la debida sanción, de tal manera que la legislación pueda brindar la seguridad jurídica y la certeza de que aquellos que decidan incurrir en tales ilegalidades sean procesados con las correspondientes sanciones y que el daño sea compensado.
Ana Bello y Reyna Echenique, dos agentes inmobiliarias especialistas en derecho inmobiliario, coinciden en que el código penal vigente en la República Dominicana debe ser modificado porque se trata de un instrumento viejo que no se corresponde con la realidad actual.
Las consideraciones de las profesionales surgieron al ser consultadas por El Inmobiliario, a propósito de la estafa inmobiliaria que se dirime actualmente en la justicia dominicana, por la que el Ministerio Público apresó el miércoles de la pasada semana a 7 personas, a quienes acusa de dirigir una red criminal que estafó con más RD$700 millones de pesos a más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
“Lo que es importante resaltar, es que ante un mercado inmobiliario en pleno auge, la legislación debe brindar la seguridad jurídica y la certeza de que aquellos que decidan incurrir en tales delitos serán procesados con una sanción justa y el daño será compensado”, declaró Bello.
Ana Bello. (Fuente externa).
Para Echenique muchas empresas constructoras y desarrolladoras se aprovechan de la debilidad de la ley para estafar, burlando el sistema jurídico de que la pena es muy mínima, por lo que entiende necesario un nuevo código penal para juzgar ese tipo de delitos.
“La persona que está creando desde el inicio una red para estafar estudia todo eso, las leyes sabe cuanto le va a tocar cuando descubran su falsa, sabe la penalización que le va a caer cuando se descubra el delito, estudian todo porque son expertos y se aprovechan de esa debilidad del sistema judicial, se llenan de dinero y solo le echan dos años y con mucha suerte se portan bien y piden una libertad condicional bajo fianza cuando cumplan el 50% de la pena, esa es la mentalidad de muchos”, precisó Echenique.
Reyna Echenique. (Fuente externa).
Añadió que muchos desarrolladores abusan de la inexperiencia y la falta de conocimiento de inversionistas primerizos para cometer sus delitos.
En opinión de Ana Bello “el caso sugiere una modificación de nuestro Código Penal del cual ya existe un anteproyecto de modificación, tras considerar que la pena por estafa en la República Dominicana debería ser escalonada desde 5 a 20 años de prisión correccional tomando en consideración las posibles agravantes que pudieran tener lugar en cada caso en particular”.
Explicó que el Código Penal de la República Dominicana establece en su artículo 405 una pena de seis meses a dos años de prisión correccional, para la estafa y multa de veinte a doscientos pesos.
“De igual forma el reo de estafa podrá ser condenado de manera accesoria a la inhabilitación absoluta o especial de los siguientes derechos cívicos, civiles y de familia : De votación y elección, de elegibilidad, de ser jurado o nombrado para ejercer otras funciones públicas, o para los empleos de la administración; de porte de armas; de votación o sufragio en las deliberaciones de familia, entre otras”, expuso.
El caso
El ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma de la empresa Indisarq fue apresado el pasado miércoles 03 del presente mes de enero, mediante la “Operación Nido”, llevada a cabo por el Ministerio Público, acusado de estafar, junto otros 6 implicados, a más de 300 personas con ventas inmobiliarios falsas.
Por el caso están siendo procesados también, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción será mañana martes 9 a las 9:00 A.M. en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
No tenían permiso de construcción
En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público sostiene que en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones no existen registros de licencia de construcción de los imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, ni de las empresas Indisarq S.R.L., y de CRD Equipos Pesados.
Precisa el órgano acusador que estos vendieron más de 300 unidades, entre apartamentos y locales comerciales, sin tener los permisos requeridos.
El grupo, de acuerdo al documento, tampoco contaba con el derecho de propiedad en los terrenos donde serían construidas las edificaciones.
De acuerdo al documento de más de 400 páginas, elaboradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (Digepemp), el órgano acusador indica que miembros de esa entidad obtuvieron certificaciones del Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria, donde se hace constar que los imputados no contaban con los permisos de propiedad requeridos.
En los terrenos donde se construirían supuestamente nueve proyectos inmobiliarios, según lo ofertado en vallas publicitarias por los señalados, serían levantados residenciales de apartamentos y locales comerciales.
“Que el Ministerio Público obtuvo certificaciones de Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria, donde se corrobora que los terrenos utilizados por los imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario, Maria Gabriela Rivera Pichardo, Indisarq S.R.L. y CRD Equipos Pesados, estableciendo Registro de Títulos que los mismos no tienen el derecho de la propiedad donde se presumía que se construirían los residenciales de apartamentos y locales comerciales vendidos a las víctimas y querellantes por los imputados”, dice la solicitud de medida de coerción.
De igual forma, el informe subraya en la relación de imputaciones para la validación de su solicitud de medida de coerción, que estos no contaban con permisos de construcción aprobados por la Dirección General de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), en ninguno de los nueve proyectos.
Por el caso, el órgano persecutor solicitó en contra de los encartados prisión preventiva como medida coercitiva, al igual que el caso sea declarado complejo.
