Mientras las algas invaden costas y golpean al turismo y la pesca, empresarios y ambientalistas reclaman un marco legal para convertir esta amenaza en oportunidad, en medio de un panorama legislativo marcado por la incertidumbre y las prioridades cruzadas.
SANTO DOMINGO.– A más de un año de haber sido sometido por Virgilio Barón Duluc, senador por La Altagracia, el proyecto de ley para la prevención, recolección, aprovechamiento y disposición final del sargazo, continúa sin ser conocido por el pleno del Senado, a pesar de que hace ocho meses la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó un informe favorable con modificaciones.
Los motivos por los que el proyecto de ley avanza lentamente navegan en una nebulosa en la que falta claridad. La pieza permanece estancada en el Senado sin una agenda clara para su segunda lectura, un profundo letargo que podría deberse a una sobredemanda de temas legislativos, prioridades divergentes entre comisiones y escasa presión pública.
Esta falta de impulso se ve agravada por la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de propuestas como el fondo especial para la valorización del sargazo, lo que dificulta atraer apoyo político y técnico para avanzar en su discusión.
El senador Barón Duluc ha remarcado que “el sargazo no es ya un problema estacional, es una crisis estructural”, y promueve la creación de ese fondo nacional dedicado, sistemas de alerta temprana y protocolos de recolección en mar abierto.
Paralelamente, a nivel regional se proponen iniciativas conjuntas: México y República Dominicana están impulsando una mesa bilateral entre sus ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente para coordinar respuestas conjuntas frente a este fenómeno, un tipo de cooperación que podría servir de catalizador para destrabar el proceso legislativo y fortalecer la capacidad de acción estatal.
Impacto económico y experiencias regionales
El sargazo no solo es un reto ambiental: representa una carga millonaria para las economías caribeñas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) calcula que, en años de grandes llegadas, los costos de limpieza en la región pueden alcanzar hasta US$210 millones de dólares anuales, sin incluir las pérdidas turísticas derivadas.
Según The BVI Beacon, durante los picos más severos, el turismo en el Caribe ha registrado caídas de entre 7 % y 35 %, afectando al 55% de los hoteles, que deben destinar recursos extraordinarios para retirar el alga y mitigar el mal olor y la pérdida de atractivo de las playas.
En República Dominicana, los pescadores enfrentan pérdidas significativas: «En solo una semana me ha costado cuatro hélices», relató uno de ellos en Higüey, al describir cómo las gruesas alfombras de sargazo atascan las embarcaciones.
Las pérdidas económicas han motivado a otros países caribeños a buscar soluciones innovadoras. The Washington Post documenta que en Granada se están impulsando proyectos para convertir el sargazo en biogás, fertilizantes y bioplásticos, como el caso del resort True Blue Bay, que ya utiliza gas derivado del alga para alimentar su panadería.
En paralelo, The Guardian destaca que empresas como la británica Seafields, que desarrollan granjas flotantes capaces de capturar el sargazo en mar abierto antes de que llegue a la costa, reduciendo así las emisiones de metano y los costos de limpieza. Estas experiencias muestran que, con planificación y tecnología, el sargazo puede transformarse de amenaza ambiental en recurso económico.
Con el grito al cielo por la ley de residuos
Las principales asociaciones del sector turismo han expresado su preocupación. La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), junto a la Cámara Americana de Comercio y otras asociaciones, han manifestado que la reforma a la Ley de Residuos Sólidos (Ley 225-20) ignora por completo al sargazo, lo que: compromete la sostenibilidad ambiental, aumenta la incertidumbre sobre inversiones privadas y limita la competitividad económica del país.
La vicepresidenta de Asonahores, Anguie Lendor, advirtió que al no contemplar al sargazo como un residuo especial, se cierran las puertas a mecanismos útiles como su disposición y valorización. Además, cuestionó modelos de cobro basados en ingresos brutos, que podrían desincentivar la gestión responsable de residuos, y alertó sobre tendencias monopólicas y falta de coordinación institucional.
Voces ambientalistas
Aunque la cobertura directa de voces ambientalistas dominicanas sobre el proyecto de ley es limitada, asociaciones como Ecored, integrada al reclamo empresarial en varios comunicados, han cuestionado la falta de enfoque técnico y la omisión del sargazo en la normativa de residuos, lo que pone en riesgo la gobernanza ambiental y las metas de economía circular.
Además, desde el ámbito académico y de la investigación, se destaca que el país funciona como “un pequeño laboratorio” para experimentar soluciones frente al sargazo, con iniciativas en Punta Cana y Macao, que incluyen el uso de barreras antialgas, maquinaria especializada y estudios para transformar el alga en bioplásticos, fertilizantes, productos cosméticos y biogás, lo que subraya la urgencia de un marco legal que integre estas posibilidades.
La bitácora
La iniciativa, depositada el 19 de junio de 2024, busca establecer una política pública permanente para enfrentar la llegada masiva de sargazo a las costas dominicanas, ha seguido esta ruta legislativa:
– 19 de junio de 2024: depósito en la Secretaría Legislativa del Senado.
– 25 de junio de 2024: lectura en el hemiciclo y envío a la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
– Agosto y octubre de 2024: vistas públicas en Higüey y Punta Cana con hoteleros, pescadores, alcaldes y expertos.
– Noviembre de 2024: recepción de observaciones de Medio Ambiente y Turismo.
– Diciembre de 2024: inclusión de incentivos fiscales para empresas que desarrollen usos del sargazo.
– Enero de 2025: presentación del informe favorable con modificaciones.
– Hasta agosto de 2025: estancado, sin agenda para segunda lectura en el pleno.
“No podemos esperar a que el sargazo colapse nuestras playas y nuestras comunidades costeras; debemos actuar de forma organizada y con visión de futuro”, había advirtiido Barón Duluc el día de la presentación de la pieza.
Aspectos nodales de la pieza
– Monitoreo y alerta temprana: creación de un sistema nacional de observación del sargazo.
– Responsabilidades institucionales: asignación clara de competencias a ministerios y alcaldías.
– Fondo especial del sargazo: financiamiento público-privado para limpieza, investigación y tecnología.
– Aprovechamiento productivo: incentivos para usos industriales como fertilizantes, biocombustibles o materiales de construcción.
– Regulación ambiental: prohibición de su disposición en playas o vertederos no acondicionados.
Ciencia y urgencia
Mientras el Congreso Nacional mantiene el proyecto en espera, los estudios más recientes de la Universidad del Sur de Florida (USF) revelan que la mancha de sargazo del Atlántico central y el Caribe alcanzó en junio de 2025 los 8 millones de toneladas métricas, una de las cifras más altas registradas para esa fecha.
Los científicos prevén llegadas intensas hasta octubre, debido a patrones de viento y corrientes, y advierten sobre la presencia de arsénico y metales pesados en el alga, lo que limita su uso agrícola sin tratamiento previo.
Organizaciones ambientalistas y empresarios del sector turístico insisten en que la falta de un marco legal deja a las comunidades costeras sin herramientas permanentes, obligando a responder cada año de forma improvisada ante un problema que, según las proyecciones, podría intensificarse con el cambio climático.
