SANTO DOMINGO. – Tras las denuncias realizadas el pasado mes junio por residentes del sector Cuesta Brava en Arroyo Hondo sobre presuntas irregularidades en una obra en desarrollo, representantes de la junta de vecinos reiteraron su denuncia contra la constructora que está realizando la obra, asegurando que los proyectos en desarrollo en la zona violan las normativas ambientales y urbanísticas vigentes, incluyendo la clasificación de la zona como cinturón verde.
Ana Beatriz Rodríguez, vocera comunitaria, afirmó que pese a que el proyecto «Balcones de la Rivera» fue oficialmente paralizado tras una intervención del Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Medioambiental, «las operaciones irregulares continúan en otro terreno donde se desarrolla Balcones del Cerro que es mucho más grande de cuarenta y tres mil metros cuadrados que está también violando totalmente este”, dijo ayer jueves la representante durante una intervención en el programa radial El Matutino de la 91.
Según Rodríguez, el Ministerio de Medio Ambiente habría solicitado un estudio técnico a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el cual reveló que la clasificación ambiental del proyecto fue erróneamente asignada como categoría de bajo impacto, cuando debió haber sido más alta debido a su significativa magnitud e implicaciones ecológicas.
“Ellos dicen que el estudio a pesar de que le dio una clasificación C de medio ambiente, es una clasificación de bajo impacto. Debió estar en la categoría A, impacto significativo. Estaincorrecta clasificación inicial permitió al proyecto avanzar sin los estudios de impacto ambiental rigurosos que la ley exige para su verdadera magnitud”, denunció
La dirigente comunitaria también expresó que la obra fue inicialmente paralizada gracias a la rápida actuación del magistrado Contreras, de la Procuraduría Medioambiental, quien se presentó al lugar tras recibir múltiples denuncias de los residentes. Sin embargo, dijo que la paralización solo ha sido efectiva en uno de los dos proyectos, mientras la empresa continúa extrayendo materiales y realizando movimientos de tierra en el otro terreno.
Los comunitarios acusan la constructora de afectar zonas protegidas. (Paola Solis/El Inmobiliario).
Además, señaló irregularidades en la concesión del permiso de uso de suelo. “El ayuntamiento otorgó un permiso para un uso incompatible con la ordenanza 02-2023, que clasifica esa zona como R1. Eso significa que solo pueden construirse viviendas unifamiliares, no apartamentos ni centros comerciales”, explicó Rodríguez.
La representante de la comunidad, dijo que los dos proyectos suman en total más de 300 apartamentos, dos plazas comerciales y más de mil parqueos, lo cual, según los comunitarios, viola directamente las normativas de desarrollo urbano en la zona.
Durante su participación en el programa, Rodríguez también informó que se han enviado más de doce comunicaciones a distintas instituciones vinculadas al medio ambiente, y que recientemente interpusieron una querella formal, representados por el abogado Eurén Cuevas. No obstante, acusó a la empresa Danny Santos Compres SRL, de negarse a participar en las reuniones de conciliación convocadas por las autoridades.
“Nosotros, como comunidad organizada, hemos tenido que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Estamos invirtiendo tiempo, dinero y recursos para defender lo que por ley está protegido”, lamentó Rodríguez, quien concluyó haciendo un llamado enérgico a las instituciones responsables a que actúen con transparencia y rigor para frenar definitivamente lo que calificó como “un atentado ambiental encubierto bajo permisos irregulares”.
La próxima audiencia con las autoridades ambientales está pautada para dentro de dos semanas, cuando se espera que se presenten formalmente los hallazgos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y se determine el curso legal a seguir.
El caso
Residentes del sector Cuesta Brava de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional, denunciaron en junio pasado, el uso indebido de los suelos y una devastación ambiental por parte de la constructora Danny Santos Compres SRL, que alegadamente se propone construir un proyecto habitacional en dicho terreno.
En rueda de prensa, representantes de la junta de vecinos, aseguraron que las tareas de acondicionamiento del terreno, donde existe un área vedada, están afectando gravemente el entorno natural de la zona.
Respuesta de la constructora
Tras las denuncias realizadas la empresa que lleva a cabo el proyecto reaccionó, afirmando que la construcción cuenta con todos los permisos legales y ambientales exigidos por las autoridades del país.
«Este proyecto fue evaluado y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente mediante la constancia ambiental Núm. 7226-24, emitida en diciembre de 2024, luego de un proceso técnico que incluyó estudios de impacto ambiental, planes de mitigación y verificación de cumplimiento normativo», indicó la empresa a través de un comunicado enviado a El Inmobiliario.
