SANTO DOMINGO.- La Fundación Primero Justicia depositó este miércoles ante la Procuraduría General de la Republica una querella penal en contra de Bartolomé Pujals y Pedro Quezada, director y exdirector de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y contra Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes por la alegada suscripción de «contratos de alquileres fraudulentos de inmuebles a precios sobrevaluados».
El documento sostiene que los contratos implicarían la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano, quienes para evitar sospechosas del fraude, usaban a la Inmobiliaria Reservas como aparente propietaria, cuando en realidad, los inmuebles alquilados eran propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, de allegados al presente gobierno.
«Se trata de una suerte de asociación fraudulenta, entre directores y funcionarios de alto rango del Estado dominicano, con allegados del sector privado, a los fines de esquilmar el patrimonio público, mediante supuestos arrendamientos de locales comerciales e inmuebles, a precios exorbitantes, que superan el valor del inmueble arrendado, usando como cortina de humo y vehículo legitimador de capitales ilícitos, al denominado Fondo de inversión cerrado inmobiliario Reservas, administrado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas S.A», argumenta la querella.
Agregan que en las transacciones los allegados del sector privado, adquieren el inmueble en cuestión, por un monto inferior al arrendamiento previamente acordado con la entidad estatal, «tal y como ocurrió en el caso del Edificio de 16 niveles “Corporativo Vista 311, que fue comprado y adquirido en su totalidad, por dicho fondo, en fecha 11 de abril del 2022 por el monto de RD$1,400,406,577,798.14, del cual alquilan al Estado dominicano, 5 de sus 16 niveles, por el monto exorbitante de RD$1,440,331,299.88, qué duplica el monto que pagaron los propietarios, por el edificio completo, en una clara y aberrante actuación de sustracción de los fondos públicos», subraya el documento de la Fundación Primero Justicia.
Bartolomé Pujals aclara inquietudes sobre el alquiler de la sede institucional
Ayer martes, el director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, acompañado del Contralor General de la República y el Vicepresidente Ejecutivo de AFI Reservas, convocó a los medios de comunicación para aaclarar las inquietudes recientes sobre el contrato de alquiler de la sede de la institución, destacando que el contrato actual no fue firmado durante su gestión, sino que fue adjudicado en diciembre de 2022 y firmado el 17 de enero de 2023 por el anterior director.
Aun así, Pujals enfatizó que su responsabilidad se enmarca dentro del principio de continuidad administrativa, asegurando que la OGTIC cumple con un compromiso ya establecido. “Este contrato es esencial para el funcionamiento de nuestras labores en pro de la estrategia de Gobierno Digital en la República Dominicana”, afirmó.
El contrato abarca cinco pisos completos y áreas comunes en el Edificio Corporativo Vista 311, permitiendo a la OGTIC prestar servicios a más de 530 instituciones del Estado, incluyendo un Centro de Contacto Gubernamental que maneja un promedio de 2.3 millones de llamadas al año.
En relación con el monto total del contrato, Pujals explicó que la OGTIC realiza pagos mensuales de RD$8,025,170.20 más ITBIS y mantenimiento durante diez años, lo que incluye el alquiler de cinco pisos completos, además de mobiliario, sistemas de seguridad, iluminación y otros servicios esenciales. Aclaró que el costo por metro cuadrado amueblado se sitúa en 23 dólares, más 10 dólares de acondicionamiento y 5 dólares de mantenimiento, un precio competitivo en comparación con el mercado privado.
Ujols también subrayó que la negociación del contrato fue llevada a cabo con rigurosidad y transparencia, bajo la supervisión del Comité de Compras y Contrataciones de la OGTIC, pero además totalmente alineada a la nueva normativa establecida en 2022 por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones para regular todos los procesos de alquiler a través del portal de compras públicas.
