SANTO DOMINGO.-Todo comenzó como un gran sueño que se haría realidad en la vida de Adonis Evangelista Reyes y de su esposa. Por allá por el 2018, decidieron comprar una propiedad en el desarrollo inmobiliario Cana Bay.
Algo que tenían muy claro desde el principio, es que este lugar se convertiría en su segundo hogar en República Dominicana. No solo para ellos, también lo sería para sus hijos y familiares, a quienes recibirían con los brazos muy abiertos.
“Mi esposa y yo soñábamos con tener un refugio seguro y cercano a la playa para cuando llegaran nuestros hijos, un lugar ideal para visitar con nuestra familia”, exteriorizó Adonis al ser entrevistado por El Inmobiliario.
A pesar de haber un retraso de dos años en la entrega de esta propiedad –producto por la pandemia–, veían este escenario como algo que formaba parte de los planes de Dios, pues, como aseguraron, esto le permitiría seguir ahorrando para completar el dinero de su futuro hogar.
Según reveló, la proximidad a la playa y el acceso exclusivo para los propietarios e inquilinos fue el atractivo que cautivó a la pareja de esposos cuando vieron las características de este proyecto.
“Además, nos impresionó la posibilidad de ser parte del programa de rentas, que ofrecía la garantía de una rentabilidad del 6 % para, por lo menos, cubrir los gastos de mantenimiento del apartamento, brindándonos la flexibilidad de prestarlo a amigos y familiares, lo cual era un valor añadido significativo”, contó.
Algo que no contemplaron era que aquello que tenían como un sueño familiar, se convertiría con el paso de los años en una pesadilla y dolor de cabeza para él y su familia. Pues, son varios los problemas que hoy les aqueja.
En primera instancia, Adonis Reyes declaró que la presión para la firma de un reglamento protector de Cana Bay es uno de ellos.
Expuso que este documento –que desde el momento de la compra del inmueble supuestamente ha sido presentado como un borrador– contiene “cláusulas perjudiciales que resultan abusivas e inconstitucionales”.
Según declaró, esto afecta directamente los derechos del propietario. Por esa razón, desde que recibió el apartamento, en febrero de 2022, ha convocado diversas reuniones con varios dueños para tratar los temas que hoy día denuncia.
Sus llamados fueron respondidos. Cuenta que en noviembre del 2023, en febrero y junio de 2024, se realizaron varias reuniones, contando con la asistencia de varios vecinos.
“Durante dichas reuniones, se nos escuchó y se acordó implementar mejoras. No obstante, nunca se actuó sobre los puntos de mayor perjuicio para los propietarios y, a pesar de comprometerse a enviar las minutas para asegurar el entendimiento mutuo, estas nunca fueron recibidas”, manifestó.
Con estos diálogos llevados a cabo –luego de las reuniones convocadas– Adonis dijo que la administradora de Cana Bay Resort “comenzó a solicitar una firma como requisito para adquirir la membresía de playa”, convirtiéndolo como un requisito obligatorio para poder obtener el carnet de propietario.
“Esta situación se agravó a partir de noviembre de 2024, cuando comenzaron a restringir el acceso a las propiedades privadas de los propietarios a inquilinos, amigos y familiares de aquellos propietarios que aún no habían firmado el reglamento protector”, externó.
Con esta condición –cuyo acceso a la playa había sido presentado como algo exclusivo a la hora de comprar un inmueble dentro de este desarrollo– obligó a varios propietarios a firmar sin estar aparentemente de acuerdo, según señaló el denunciante a este medio.
“Según se manifestó en el grupo de WhatsApp de propietarios, se vieron obligados a firmar, sin estar de acuerdo con los términos, a fin de poder recibir sus rentas vacacionales y permitir el acceso a amigos y familiares”, detalló.
Pero para Adonis, quien se encuentra siendo asesorado por una abogada, el firmar este documento no sería una realidad, tomando en cuenta que el contenido del reglamento afecta sus derechos.
“Siguiendo la sugerencia de mi abogada, decidí proceder con un recurso de amparo, dado que se estaba impidiendo el acceso a mis familiares, amigos y rentas si no firmaba el reglamento. El mismo fue otorgado a favor mío desde mediados de mayo 2025. Sin embargo, Cana Bay interpuso una apelación del recurso”, dijo.
Aspectos que denuncian
Aseguró que el reglamento de Cana Bay le otorga poderes “ilimitados” para intervenir en propiedades privadas, incluyendo desalojos, reparaciones internas, nuevas regulaciones, penalidades económicas y hasta cobrar comisiones por ventas en las que no participa.
Por otra parte, subrayó que la administradora está «implementando» aumentos superiores al 200 % en algunos casos –durante un periodo de tres años en la cuota de mantenimiento de Cana Bay–.
A modo de explicación, comentó que el complejo posee dos tipos de cuotas de mantenimiento. La primera es el mantenimiento de los complejos internos, que son los condominios, y la segunda corresponde a la cuota de mantenimiento de Cana Bay.
“Como es de conocimiento general, los condominios poseen una cuota interna que se rige por la ley de condominios y que, a través de un consejo de propietarios, permite monitorear y asegurar la idoneidad de estos costos”, describió.
Agregando, luego, que “la cuota de mantenimiento de Cana Bay, que es producto del reglamento protector, es unilateral, abusiva y no está sujeta al monitoreo y controles que típicamente establece la ley de condominios”.
Adonis Evangelista denunció que esta cuota se está cobrando por metros cuadrados como si se tratara de un complejo de condominios, “lo cual carece de sentido, ya que Cana Bay se autocalifica como una empresa de servicios”.
Para el propietario, estos aumentos han sido “exponenciales” y “tienen poco sentido”, alegando que la cantidad de unidades entregadas en 2022 era mucho menor que las disponibles hoy, considerando que deberían bajar y no subir.
Como había comentado anteriormente, la empresa modificó la promesa de libre acceso a la playa para propietarios e inquilinos, afectando directamente a los propietarios, puesto que, debido a este atractivo, se vieron interesados en realizar la compra.
“Parte del gran atractivo de adquirir una propiedad en este hermoso complejo residía en la promesa de que el acceso a la playa sería libre y sin costos tanto para propietarios como para inquilinos. Inclusive, durante la promoción del proyecto, se nos recibía en el club de playa, donde se nos informaba de todos los beneficios y la plusvalía”, comenzó contando.
Sin embargo, expresó que, tras la entrega de su apartamento, se le comunicó que el acceso a la playa sería posible únicamente por medio del club de playa, cuyo monto a pagar sería de 500 dólares anuales por persona o con un monto consumible diario de 35 dólares por persona.
Una respuesta a la posición de la empresa
Ante la respuesta que dio la empresa administradora del complejo Cana Bay Beach Club & Golf Resort, Cana Bay S.R.L., en medios de divulgación nacional –donde comunicaban que las denuncias de abusos y restricciones eran “completamente falsas” y que solo respondían a un único propietario, Adonis Evangelista Reyes respondió que estos problemas no son exclusivos a él.
“Los problemas con la administración de Cana Bay no son exclusivos a mí. Supe de la imposición del reglamento protector a los propietarios a través del grupo de WhatsApp, donde varios colegas se vieron forzados a firmar para asegurar sus alquileres y el acceso de sus allegados a sus unidades”, precisó.
Según planteó durante la entrevista, existe un número considerable de propietarios afectados por este reglamento.
Pero la realidad es que, a su juicio, “hay un gran miedo a denunciar al complejo, ya que la administración de Cana Bay, amparándose en las facultades que le otorga el reglamento protector, suele tomar represalias”.
“Algunos propietarios han experimentado represalias como el corte del servicio de agua, incluso cuando el pago anual se realizó por adelantado. También se han enfrentado a restricciones para alquilar la propiedad o para que personas autorizadas por otros propietarios accedan a ella”, amplió.
Precisó que, hasta la fecha, ha sido el único propietario que, dentro del ámbito judicial, ha tenido la valentía de presentar un recurso de amparo para proteger y salvaguardar sus intereses.
Sostuvo que la resolución del proceso judicial fue favorable, lo que valida la legitimidad del reclamo y garantiza la protección de sus derechos fundamentales.
No obstaste, informó que luego de ganar el recurso de amparo –donde se declaró que sus acciones violaban la Constitución y se les ordenó cesar las restricciones de entrada– la empresa le envió una supuesta factura reclamando el reembolso de los honorarios de sus abogados.
“A pesar de la sentencia a mi favor, Cana Bay persiste en la restricción de los derechos de mis familiares. A ellos se les ha denegado el acceso, a pesar de contar con mi autorización, lo que constituye una clara violación de una orden del tribunal constitucional”, expresó.
Luego de esto, señaló que la empresa decidió apelar e iniciar un litigio contra su título de propiedad para inscribir una «servidumbre de uso».
Argumentó que Cana Bay busca inscribir un derecho sobre propiedades privadas, sin consentimiento de los dueños, lo cual no solo contradice una sentencia constitucional, sino que también puede abrir la puerta a un “control excesivo sobre bienes que legalmente no les pertenecen”.
Lo que solicitan a Cana Bay
Adonis comunicó que propone establecer un reglamento protector justo que refleje los intereses tanto de Cana Bay como de los propietarios, y que cumpla con las leyes dominicanas.
Manifestó que las cuotas de mantenimiento deben manejarse con transparencia y ser fiscalizadas por representantes de los propietarios.
“No basta con publicar un presupuesto general en la web; se requieren detalles específicos del uso de los fondos. Un modelo a considerar es el de Cap Cana, donde esos fondos se administran a través de una asociación de propietarios”, manifestó.
Además, dijo que debe garantizarse el acceso a la playa como fue prometido en la venta.
“Como propietarios, nuestro anhelo más profundo es que nuestras voces sean escuchadas y que nuestros derechos, que son inalienables, sean respetados en todo momento. En lugar de vernos obligados a invertir una cantidad considerable de tiempo y valiosos recursos legales en batallas que podrían evitarse, debemos orientar nuestros esfuerzos hacia la búsqueda activa de la colaboración”, concluyó.
