Para el sector inmobiliario es una señal de mayor previsibilidad en servicios básicos, que inciden directamente en la viabilidad de proyectos a gran escala.
SANTO DOMINGO. – La reestructuración del aparato estatal volvió a colocarse en el centro de la agenda pública con la emisión de los decretos núm. 55-26 y 60-26, ambos fechados el 30 de enero de 2026, mediante los cuales el Poder Ejecutivo sustituye la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) por una nueva Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y fortalece el marco institucional de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).
Las medidas apuntan a un rediseño del modelo de gestión de dos servicios estratégicos, el transporte masivo y la transmisión eléctrica, con implicaciones directas sobre inversión pública, gobernanza corporativa y planificación de infraestructura.
Las disposiciones se enmarcan en la adecuación de estas entidades al régimen de empresas públicas previsto en la Ley núm. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, un movimiento que busca, según el Gobierno, elevar estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad, sin alterar la naturaleza pública de los servicios.
Del OPRET a la EMT: separación de funciones
El Decreto núm. 60-26 dispone la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) como entidad pública encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas de transporte terrestre masivo, sustituyendo a la OPRET, una decisión que se fundamenta en el artículo 356 de la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El nuevo esquema institucional introduce una separación clara de funciones. Mientras la EMT asume la gestión operativa de los sistemas, el desarrollo y ejecución de las obras de infraestructura quedan bajo la responsabilidad exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).
Este rediseño busca corregir la concentración de competencias que caracterizó al modelo anterior, donde una misma entidad combinaba planificación, construcción y operación, una estructura que, según distintos análisis técnicos, limitaba la especialización y la eficiencia.
Supresión y liquidación ordenada
El decreto establece, además, un proceso expreso de supresión y liquidación institucional de la OPRET, acompañado de un régimen de transición jurídica, administrativa y operativa. La norma garantiza la continuidad del servicio público de transporte masivo, la preservación de los derechos y obligaciones vigentes, la transferencia organizada de activos y contratos, y la protección del personal conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Para conducir este proceso se crea una Comisión Especial encargada de dirigir, supervisar y acompañar la reforma y la liquidación institucional, con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios durante la transición.
Desde el punto de vista urbano, la creación de la EMT se inscribe en un momento de expansión de los sistemas de transporte masivo, con nuevas líneas de metro, teleféricos y corredores de autobuses que reconfiguran patrones de movilidad y valorización del suelo en distintas zonas del Gran Santo Domingo y otras áreas metropolitanas.
ETED: continuidad jurídica y apuesta por modernización
Por otro lado, el Decreto núm. 55-26 impulsa un proceso de fortalecimiento institucional de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana -ETED-, concebida como empresa pública estratégica responsable de la transmisión de energía eléctrica a nivel nacional.
La norma establece que la readecuación se realizará preservando íntegramente su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, así como los derechos, obligaciones, contratos y activos existentes.
En términos prácticos, el decreto introduce ajustes en la estructura de dirección y supervisión de la empresa, con la incorporación de estándares modernos de gobernanza corporativa y un reforzamiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
La ETED mantiene su adscripción al Ministerio de Energía y Minas y su sujeción a la rectoría y control del Estado, pero con mayor autonomía técnica y operativa.
El énfasis está colocado en apoyar la expansión, modernización y digitalización de la infraestructura de transmisión eléctrica, así como de telecomunicaciones por fibra óptica, en coherencia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Este componente resulta especialmente relevante en un contexto de transición energética, donde el crecimiento de las energías renovables exige redes de transmisión más robustas, flexibles y confiables.
Desde una perspectiva económica, el fortalecimiento de la ETED también tiene impacto indirecto sobre el sector inmobiliario, al ser la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico uno de los factores determinantes en el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, comerciales e industriales, especialmente en polos de expansión urbana y turística.
Implicaciones para el desarrollo inmobiliario
Las dos decisiones revelan una orientación común: fortalecer empresas públicas bajo esquemas de gestión más cercanos a prácticas corporativas modernas, sin abandonar el control estatal. Para el sector inmobiliario, esto se traduce en señales de mayor previsibilidad en servicios básicos que inciden directamente en la viabilidad de proyectos de gran escala.
Energía confiable y transporte masivo eficiente son, en la práctica, componentes estructurales del valor urbano. La apuesta gubernamental, de concretarse en mejoras tangibles, podría contribuir a reducir costos operativos, mejorar la calidad de vida en las ciudades y sostener procesos de densificación y renovación urbana.
Con los decretos 55-26 y 60-26, el Ejecutivo reafirma su estrategia de modernización institucional como pilar del desarrollo económico y social. El desafío, como suele ocurrir, estará en la implementación efectiva de los cambios y en la capacidad de estas nuevas estructuras para traducir los objetivos normativos en resultados medibles.
