SANTO DOMINGO– Cuando se habla del sector inmobiliario dominicano, por lo general se piensa en bienes inmuebles y en los agentes inmobiliarios, cuya tarea de intermediación representa la conexión entre comprador-vendedor. Sin embargo, en las operaciones inmobiliarias intervienen una serie de instituciones que son las que facilitan, procesan y determinan que la operación se cierre exitosamente.
Compartimos las principales entidades que intervienen en el proceso de la compra y venta de propiedades en la República Dominicana:
La Jurisdicción Inmobiliaria, considerada la columna vertebral del sistema de registro y resolución de conflictos de propiedad. Compuesta por tribunales especializados, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección de Mensuras Catastrales y la Comisión Inmobiliaria, esta jurisdicción asegura procesos eficientes, un registro confiable de inmuebles y la resolución técnica de disputas inmobiliarias.
Otra entidad fundamental es el Ministerio de Turismo, que supervisa y aprueba los proyectos turísticos-inmobiliarios, especialmente en las zonas costeras del país. Su intervención garantiza que el crecimiento del sector se mantenga alineado con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico.
De su lado, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene un rol estratégico en la recaudación de impuestos relacionados con transacciones inmobiliarias, la valoración fiscal de propiedades y la emisión de certificaciones clave para completar procesos de compra-venta.
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) concentra funciones relacionadas con la planificación, regulación y supervisión de proyectos habitacionales, así como el fomento de viviendas asequibles y sostenibles.
En tanto, los Ayuntamientos regulan el uso de suelo, emiten permisos de construcción y habitabilidad, y velan por el cumplimiento de normativas urbanas a nivel municipal.
La dimensión ambiental está representada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que aprueba los estudios de impacto ambiental, regula los proyectos en zonas protegidas y promueve prácticas de construcción sostenible, garantizando que el crecimiento inmobiliario no comprometa el entorno natural.
En el ámbito profesional, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) juegan un papel determinante. La AEI impulsa la profesionalización del sector, establece estándares éticos y promueve la adopción de nuevas capacitaciones, mientras que ACOPROVI representa a los principales constructores del país, fomenta la innovación, y participa activamente en iniciativas de vivienda social.
Fuente: Bienes Raíces desde un punto de vista legal.
