SANTO DOMINGO.– El vocero autorizado del Comité Institucional Codiano, Miguel Liberato, expresó preocupaciones sobre el alcance del proyecto de ley destinado al pago de deudas del Estado a contratistas de obras públicas.
El empresario explicó que la propuesta inicial fue canalizada a través del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y contenía un listado específico de contratistas, número de contrato y monto adeudado. Sin embargo, aseguró que en el proceso legislativo el documento habría sido modificado.
Según indicó, el grupo que representa está conformado por 92 contratistas vinculados a 117 obras, con un monto pendiente ascendente a RD$390 millones. No obstante, afirmó que la versión sometida a discusión incluye más de 570 personas y una cifra cercana a RD$3,000 millones, sin que se desglosen los valores individuales.
Deudas acumuladas por administraciones anteriores
Al ser entrevistado en el programa televisivo el Día de Telesistema, Liberato sostuvo que las obligaciones pendientes se remontan a distintas gestiones gubernamentales. Detalló que parte de la deuda corresponde al gobierno de Joaquín Balaguer, otra porción a administraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y también al periodo del PRD. Indicó que la deuda más reciente dentro de su grupo data del año 2012.
En ese contexto, afirmó que en gestiones pasadas, incluyendo las encabezadas por Leonel Fernández y Danilo Medina, algunos contratistas enfrentaron solicitudes de intermediación con comisiones que, según dijo, podían alcanzar hasta un 40 % para gestionar pagos pendientes.
Observaciones al proceso actual
El vocero también se refirió a diferencias en la aplicación de criterios administrativos, señalando al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) por supuestas exigencias documentales adicionales no contempladas en el instructivo general emitido por el Ministerio de Hacienda.
Ante este escenario, el Comité Institucional Codiano propone que la legislación contemple mecanismos más claros de validación, un reglamento de aplicación específico y la creación de un fondo administrado por Hacienda que garantice transparencia y trazabilidad en los pagos.
Liberato reiteró que el objetivo del sector es que el proceso se realice con apego a la legalidad y sin que se incorporen beneficiarios sin la debida verificación técnica y contractual.
En contexto
En enero el Congreso Nacional aprobó un proyecto de Ley que ordena el pago de deudas viejas a más de 300 pequeños contratistas a los que el Estado les debe desde el año 1996. La pieza legislativa autorizaba a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Una semana despúes el presidente Luis Abinader lo devolvió a la Cámara de Diputados, con observaciones a la pieza por completo -sus 14 artículos-, argumentando que viola principios esenciales de la Constitución y ordena pago “sin garantizar provisión de fondos”, y sin que la deuda pública sea “cierta, líquida y exigible”.
Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo, Alfredo Pacheco, el Poder Ejecutivo dice que en la Ley persisten situaciones jurídicas que ameritan “una nueva revisión” por parte del Congreso de la República.
Detalla que hubo violación a principios esenciales de la Carta Magna, tales como principios de legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica.
El proceso que sigue
- La pieza se devuelve al pleno de cada cámara para conocer nuevamente el proyecto en una sola lectura con las observaciones presentadas por el Ejecutivo.
- Si ambas cámaras aprueban otra vez la ley con dos terceras partes de los votos a favor, la normativa se promulga sin cambios.
- Si el Congreso no actúa sobre las observaciones dentro de dos legislaturas ordinarias, estas se consideran aceptadas.
Este proceso exige colaboración técnica y política para garantizar que la futura ley sea robusta, viable fiscalmente y ofrezca solución a las deudas de contratistas que esperan respuesta desde hace décadas.
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