Cambios legislativos, casos judiciales, disposiciones técnicas y la digitalización fiscal marcaron un año clave para el sector.
SANTO DOMINGO.– El mercado inmobiliario dominicano vivió en 2025 transformaciones de alto impacto impulsadas por reformas legales, medidas institucionales y casos judiciales. La promulgación de la nueva Ley de Alquileres, el destape del Caso Guepardo, las disposiciones del Registro Inmobiliario, el anuncio de la creación de un registro de proveedores para fortalecer la confianza y la agenda de digitalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dominaron la agenda en un periodo marcado, además, por denuncias de malas prácticas.
Nueva Ley de Alquileres
Después de más de 70 años bajo una normativa que databa de 1959, el mercado inmobiliario dominicano vivió este 2025 un cambio legislativo de alcance nacional. El 14 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 85-25 de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tras la aprobación en ambas cámaras del Congreso, luego de varios años entre vaivenes.
Entre los puntos más destacados de esta nueva legislación figura el artículo 7, que dispone que la comisión por corretaje será asumida por quien contrate el servicio y que los gastos legales del contrato deberán dividirse en partes iguales. El artículo 8 regula el reajuste de la renta, fijando un límite de hasta 10 % anual en los contratos de vivienda, cuando no exista acuerdo previo.
Asimismo, el artículo 13 limita el depósito de garantía a un máximo de dos meses de renta, mientras que el 20, en su párrafo II, obliga al propietario a realizar las reparaciones necesarias sin trasladar costos al inquilino ni aumentar la renta. En caso de desocupación temporal por obras, se suspende la obligación de pago.
En materia procesal, la ley establece que los arrendamientos de vivienda serán conocidos por los Juzgados de Paz, y los comerciales por los Juzgados de Primera Instancia, fijando además un plazo máximo de dos meses para los procesos de desalojo.
Especialistas han advertido de vacíos legales en la norma, como la abogada Darnetty Lugo, quien señaló la falta de claridad sobre si el primer mes adelantado se incluye dentro del límite del depósito permitido, posibles contradicciones con el Código Civil en cuanto a la división de gastos legales y la ausencia de un procedimiento claramente definido para la ejecución de desalojos, tras la sentencia TC/0743/2025 del Tribunal Constitucional.
Caso Guepardo
En febrero el Ministerio Público destapó el denominado Caso Guepardo, un expediente de supuestas malas prácticas inmobiliarias que involucraba la captación de compradores a través de plataformas digitales y redes sociales, principalmente desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, para la venta de proyectos inexistentes. Según las autoridades, la red habría defraudado a cientos de víctimas por un monto superior a 18 millones de dólares, lo que motivó allanamientos, incautaciones, arrestos y la declaratoria de tramitación compleja del expediente.
El órgano acusador informó que 122 personas y el Estado dominicano figuran como víctimas iniciales, aunque posteriormente se recibieron más de 478 querellas. La jueza de Instrucción de La Romana, Franchesca Silvestre, impuso prisión preventiva a tres imputados, entre ellos el ciudadano francés Yves Alexandre Giroux, señalado por el Ministerio Público como el principal sospechoso de la red.
El 15 de febrero fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicada por el órgano persecutopr como implicada en la estafa inmobiliaria, mientras Keylis Samahi Belfon Arismendi, fue capturada también en Colombia en noviembre del presente año. Ambas detenidas se encuentran en proceso de extradición hacia República Dominicana.
Registro Inmobiliario
El Registro Inmobiliario informó en octubre sobre la emisión de la disposición técnica DNRT-DT-2025-001, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La medida sobre “anotaciones preventivas, inscripciones provisionales y anotaciones informativas”, busca la uniformidad de los criterios de los registros de títulos y la eficiencia de los procesos registrales a nivel nacional.
La medida fue expedida por la Dirección Nacional de Registro de Títulos (DNRT) y establece las condiciones para la inscripción y cancelación de las anotaciones preventivas e informativas, así como de las actuaciones registrales asentadas como inscripciones provisionales.
En diciembre de 2025, informó sobre la incorporación de la firma digital cualificada en certificaciones de estado jurídico, habilitada con validación mediante código QR, lo que permite fortalecer la seguridad documental y reconocer la validez plena de los trámites electrónicos.
También puso en marcha una nueva disposición que establece que las actuaciones registrales podrán realizarse íntegramente por medios electrónicos, con plena validez jurídica de los documentos digitales y sin necesidad de comparecencia física, salvo en casos previstos por la normativa.
Registro Nacional de Proveedores
En julio, durante un encuentro con la diáspora en Nueva York, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, anunció la creación de un Registro Nacional de Proveedores de servicios inmobiliarios y de construcción para procurar erradicar los fraudes en las transacciones inmobiliarias en la República Dominicana.
El funcionario reiteró la iniciativa en octubre, durante el Foro Inmobiliario, asegurando que la plataforma estaría lista en diciembre. Sin embargo, en diciembre, al ser consultado por El Inmobiliario, Alcántara informó que el proceso había resultado más complejo de lo previsto y que aún se encuentra en fase de recopilación de datos, debido a que los actores del sector construcción no habían facilitado los datos y dijo que el objetivo es que el registro esté disponible antes de mayo de 2026.
DGII
En noviembre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dio a conocer la actualización de los límites para pagos en efectivo en operaciones inmobiliarias. La disposición fijó en RD$1,500,000.00 el monto máximo permitido y precisó que toda transacción que lo supere deberá realizarse mediante mecanismos bancarios formales.
La entidad también comunicó que a partir de mayo de 2026 todas las operaciones inmobiliarias, como traspasos y gestiones de hipotecas, se realizarán de manera 100% digital, en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria. En el mismo anuncio se incluyó la obligatoriedad de la facturación electrónica y la habilitación del pago de impuestos con tarjetas de crédito en colaboración con Banreservas.
