SANTO DOMINGO.- El pasado sábado 6 de diciembre, en horas de la noche, personas comenzaron a presentarse en la Procuraduría General de la República para ofrecer declaraciones en relación al sonado caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), donde alegadamente se habría generado un desfalco. Estos movimientos generaron expectativa sobre los pasos que daría el Ministerio Público en las horas siguientes.
Durante es mismo sábado, los aprestos continuaron bajo reserva, mientras equipos de la Procuraduría analizaban documentos y registros relacionados con la investigación. Las visitas y entrevistas mantuvieron la atención pública durante toda la noche.
Fue ayer domingo 7 de diciembre, tras el Ministerio Público, informar sobre el operativo al que ha denominaco «Cobra» cuando surgieron las primeras reacciones oficiales. Uno de los primeros fue el presidente Luis Abinader quien informó, a través de sus redes sociales y un comunicado de prensa, que el país enfrentaba “una situación que requiere claridad, firmeza y transparencia”, en relación con el proceso investigativo.
El mandatario también señaló que “la única manera de avanzar es actuando con responsabilidad institucional”, subrayando que el Gobierno respaldará las actuaciones del Ministerio Público en el marco del respeto a la independencia del órgano persecutor.
La declaración presidencial marcó el inicio de una cadena de respuestas institucionales que se extendió durante la jornada del domingo. Desde horas tempranas, diversos actores públicos y privados comenzaron a fijar posición sobre el desarrollo del caso.
Las plataformas digitales amplificaron las reacciones, mientras la ciudadanía seguía de cerca los comunicados y publicaciones que surgían durante el día. El debate público se centró en las implicaciones y el alcance del expediente.
Yeni Berenice
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los responsables de defraudar al SeNaSa paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.
Dijo que la ARS pública pertenece a todos los ciudadanos y que la corrupción en este sector afecta directamente el derecho constitucional a la salud, especialmente de los más necesitados.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población deberán responder por sus hechos criminales”, indicó.
Milagros Ortiz Bosch
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, reaccionó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). En un breve mensaje publicado entrada la tarde, escribió la frase: “La ética nunca descansa”.
El sector privado
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) también fijó posición el domingo mediante un comunicado en el que expresó su respaldo a la institucionalidad y al sistema legal dominicano.
El gremio empresarial indicó que “el fortalecimiento del Estado de derecho es fundamental para la seguridad jurídica y la confianza en la República Dominicana”, y destacó la relevancia de que todas las investigaciones se conduzcan conforme al marco normativo vigente.
El comunicado agregó que la transparencia y el debido proceso constituyen pilares esenciales para la estabilidad económica y el clima de inversión del país. El CONEP llamó a permitir que el Ministerio Público avance en su labor hasta establecer conclusiones sobre el expediente.
Mientras en SeNaSa
En medio de la atención generada por el caso, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó, mediante un comunicado, que mantiene la continuidad y estabilidad de sus servicios para más de 7.4 millones de afiliados, sin ningún tipo de interrupciones.
La institución detalló que su red actual está conformada por más de 7,812 médicos independientes, 301 clínicas, 460 centros especializados, 147 laboratorios, más de 50 centros de imágenes, 979 farmacias, 185 hospitales y 103 centros de atención primaria, lo que garantiza acceso oportuno a consultas, diagnósticos, internamientos, medicamentos y tratamientos especializados.
SeNaSa destacó que esta estructura permite sostener la continuidad de emergencias, cirugías, procedimientos de alto costo y servicios esenciales incluidos en la cobertura. La entidad informó que trabaja en el fortalecimiento de sus procesos internos y en la modernización de sus plataformas tecnológicas.
Asimismo, precisó que, durante los últimos tres meses, junto a su red de prestadores, autorizó más de 26 mil servicios, por un monto superior a 19 mil millones de pesos, reflejando su capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.
“Garantizar el acceso y la tranquilidad de nuestros afiliados es nuestra prioridad. Nuestro servicio no se detiene”, indicó la institución en la nota, asegurando que ningún tratamiento, autorización o proceso en curso ha sido afectado.
En contexto
El Ministerio Público puso en marcha este fin de semana la Operación Cobra, con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). 8
En la operación ha sido arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
