SANTO DOMINGO. Cuando se observa el mapa del comercio global, pocas infraestructuras concentran tanto peso estratégico como el Canal de Panamá, una vía por la que transita cerca del 5 % del comercio marítimo mundial. Más allá de su relevancia histórica, el canal es hoy un activo económico, logístico y político de primer orden, capaz de influir en decisiones de inversión, flujos de capital y estrategias territoriales en toda la región.
El canal volvió al centro del debate esta semana, luego de que un tribunal panameño declarara inconstitucional el contrato que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del canal y bajo su control desde 1997. La sentencia, derivada de una demanda presentada por el propio Estado panameño, alegó irregularidades en el proceso de auditoría y aprobación del contrato.
Un fallo judicial que reabre el control de la infraestructura portuaria
La decisión judicial podría despejar el camino para que nuevos operadores portuarios, principalmente de Estados Unidos o Europa, asuman la gestión de estas terminales estratégicas. En términos prácticos, no se trata solo de un cambio administrativo, sino de una posible reconfiguración del control sobre uno de las vías logísticas más importantes del hemisferio occidental.
Según la Contraloría de Panamá, la prórroga del contrato habría representado pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares en ingresos fiscales, un argumento clave en la demanda que dio origen al fallo. CK Hutchison, por su parte, sostiene que su operación fue validada por la Autoridad Marítima de Panamá en 2021 y que no ha sido notificada formalmente de la decisión judicial.
Geopolítica, capital y señales para la inversión regional
El fallo llega en un momento de alta tensión geopolítica. Durante 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió públicamente en su interés de que Washington recupere influencia directa sobre el canal, vinculando este objetivo a un posible acuerdo que habría transferido los puertos panameños a un consorcio liderado por BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo.
La operación quedó en suspenso luego de que China anunciara que revisaría el acuerdo, elevando el conflicto a un plano internacional. Desde Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses de sus empresas, mientras analistas internacionales coinciden en que el caso del Canal de Panamá confirma una tendencia clara, la infraestructura marítima y comercial también está infulenciada por la estrategia y la política.
Para economías del Caribe y América Latina, este episodio funciona como una señal de fondo. Puertos, aeropuertos y corredores logísticos se consolidan como activos sensibles, donde la inversión, el desarrollo territorial y la geopolítica comienzan a cruzarse de forma cada vez más visible, un factor que los mercados inmobiliarios e industriales de la región ya empiezan a incorporar en sus escenarios de largo plazo.
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