SANTO DOMINGO.– El apagón nacional ocurrido ayer puso en envidencia, el lado más crítico del transporte público en la capital dominicana. Desde la tarde del martes, miles de ciudadanos se vieron obligados a improvisar sus rutas para regresar a sus hogares, enfrentando largas esperas, caos vial y cobros excesivos por el servicio.
La falla en la subestación de San Pedro de Macorís de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) provocó la salida de todas las plantas de generación eléctrica del país, dejando sin energía a todo el territorio nacional. La paralización afectó de manera directa el Metro de Santo Domingo y el teleférico, generando un colapso en las principales avenidas y calles de la ciudad.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que los sistemas de transporte operarían de manera gratuita y extenderían su horario por dos horas para facilitar la movilidad de los ciudadanos, aunque esta medida tardó en aplicarse mientras el metro y algunos teleféricos permanecían fuera de servicio.
Ciudadanos como Nicole Gómez, residente de Villa Mella, narraron la difícil experiencia de trasladarse durante el apagón. Según relató, salió de la avenida Máximo Gómez a las 6:15 p.m. y no llegó a su casa hasta las 9:00 p.m., enfrentando un tráfico intenso y desorganizado.
“Las guaguas estaban cobrando 100 pesos, cuando el pasaje normal es 35, y los motoconchistas pedían entre 300 y 400 pesos. Tuve que negociar varias veces para poder pagar menos y continuar mi camino a casa”, explicó Gómez.
Largas masas humanas se formaron anoche ante el caos generado por el apagón. (Fuente externa).
El recorrido de Nicole incluyó tres tramos: de APEC a Ovando (35 pesos), guagua de Ovando a Mama Tingo (pidió 100 pesos, pero solo pudo pagar 80) y un carro final hasta su casa (35 pesos). Estos cobros desmedidos reflejan un fenómeno conocido como “sobreprecio por emergencia”, que se repitió en varias zonas de Santo Domingo y evidenció la falta de regulación durante situaciones críticas.
Para un dominicano promedio, un día normal de transporte público suele costar entre 70 y 105 pesos, dependiendo de los tramos utilizados. Durante el apagón del 11 de noviembre, ese mismo recorrido se duplicó o incluso se triplicó, generando un gasto imprevisto que afecta directamente al presupuesto familiar.
Ciudadanos relataban cómo, en rutas similares, los motoconchistas cobraban hasta 400 pesos por tramos cortos, mientras que las guaguas pedían tarifas tres veces superiores a lo normal. Este sobreprecio por emergencia no solo representa un golpe económico, sino también un estrés adicional para quienes dependían del transporte para regresar a casa.
Muchos usuarios coincidieron en que la falta de organización y control aumentó la frustración. “Era imposible moverse, había tráfico por todas partes, y los choferes cobraban lo que querían. Solo pudimos avanzar negociando con ellos”, relató Ana Leonardo usaria recurrente del metro.
El impacto social también fue evidente: largas esperas bajo el sol, incertidumbre sobre la llegada a casa y la sensación de vulnerabilidad frente a la improvisación del transporte. Para muchas familias, un apagón que dura unas horas puede duplicar o triplicar los gastos diarios y alterar la rutina cotidiana.
Aunque las autoridades lograron restablecer el servicio en horas de la madrugada y extendieron los horarios del transporte privado, muchos desaprensivos aprovecharon esta situación para beneficiarse del deseo de los ciudadanos de llegar a sus hogares, cobrando tarifas excesivas y sin control.
El apagón del 11 de noviembre dejó en evidencia la vulnerabilidad del transporte y la importancia de garantizar sistemas eléctricos confiables y transporte regulado. Situaciones como esta recuerdan que la movilidad urbana debe contar con planes de contingencia claros y mecanismos que protejan a los ciudadanos del abuso económico en momentos de emergencia.
