SANTO DOMINGO.-Jean Cristofer Pérez, el abogado de 10 de los querellantes de la estafa inmobiliaria, cuya audiencia para conocer medida de coerción, se conoce en estos momentos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, consideró este miércoles que los imputados en el caso que envuelve más de RD$700 millones de pesos, no poseen solvencia económica para pagar a las víctimas el dinero que estos pagaron para adquirir los inmuebles.
Sobre el particular, declaró a los medios de comunicación que en su momento recurrirán ante el Gobierno, tal y como ocurrió en el año 2013 cuando el Estado asumió y pagó a los afectados por el desfalco del Banco Intercontinental Baninter.
«Estos señores están insolventes para pagar a la parte querellante, en ese sentido nosotros nos vamos a ver en la necesidad de solicitar la intervención del Gobierno, para que en su momento pueda colaborar con la indemnización de las víctimas», indicó el jurista a las afueras de la sala de audiencia donde se le conoce medida de coerción a los imputados.
Pérez sostuvo que el dinero que los querellantes pagaron al alegado cabecilla de la red, Emmanuel Rivera Ledesma, se gastaron en lujos como restaurantes, viajes, adquisición de casas, entre otros.
Pero la abogada Rubiskyla García piensa que aunque los imputados no tengan suficiente dinero en las cuentas de las empresas, sus recursos están invertidos en inmuebles, por lo que hay que esperar a que pase la medida de coerción.
«No hay solvencia económica en las cuentas de las empresas, pero sí tienen varios bienes inmuebles de los cuales podrían obtener fondos», planteó.
Por el caso están siendo procesados, además, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
En la audiencia celebrada ayer, el Miniterio Público solicitó la variación de la medida de coerción para Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con la justicia, pidiendo prisión domiciliaria para el imputado.
El expediente acusatorio posee más de 400 páginas y de acuerdo al Ministerio Público, los imputados estafaron a más de 300 personas, de las cuales 177 han presentado querellas.
Decenas de afectados se manifestaron ayer frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para «estar vigilantes», ante el inicio del conocimiento de la medida de coerción, con pancartas denunciando los hechos y demandando justicia ante el engaño del que dicen fueron víctimas.
