Podría afectar la posición de RD como segundo receptor de Inversión Extranjera Directa en la región.
Por Reyna Echenique
Especial para El Inmobiliario
El anteproyecto de ley presentado por el exministro Pelegrín Castillo y que será asumido por los diputados Elías Wessin Chávez y Eugenio Cedeño, plantea medidas restrictivas significativas. Entre estas, destaca el requerimiento de autorización previa del Poder Ejecutivo para la venta de inmuebles a ciudadanos haitianos y la obligación de verificar el estatus migratorio para alquileres, medidas que podrían tener consecuencias graves para el clima de inversión extranjera en República Dominicana.
Un golpe a la seguridad jurídica
La propuesta legislativa, que requeriría autorización previa del Poder Ejecutivo para la venta de inmuebles a ciudadanos haitianos, no solo afectaría a un grupo específico de inversionistas, sino que enviaría señales preocupantes a toda la comunidad internacional de inversores sobre la estabilidad de nuestro marco legal.
Marco constitucional y legal
El anteproyecto presenta contradicciones directas con nuestra Constitución, específicamente con los artículos 221 sobre igualdad de trato a la inversión, 51 sobre derecho de propiedad y 25 sobre régimen de extranjería, pilares fundamentales para la seguridad de las inversiones en el país.
Contradiccion con la ley de inversión extranjera
La actual legislación dominicana no condiciona la inversión al estatus migratorio del inversionista. Por el contrario, la Ley 16-95 utiliza la inversión como vía para obtener la residencia, siendo la «residencia por inversión» uno de sus beneficios más atractivos para la captación de capitales internacionales. Esta inversión de la lógica legal – pasar de «invierta y obtenga residencia» a «demuestre su estatus migratorio para poder invertir» – envía señales contradictorias a la comunidad internacional de inversionistas.
Momento crítico
En un momento en que República Dominicana celebra su posición como segundo receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región, con US$2,374.3 millones en el primer semestre de 2024, esta iniciativa legislativa podría comprometer seriamente nuestra capacidad de atracción de inversiones futuras. El momento no podría ser más delicado: la economía global atraviesa una reconfiguración de sus cadenas de suministro, y América Latina compite intensamente por atraer empresas que buscan relocalizarse más cerca de Estados Unidos.
Impacto ampliado
Aunque el anteproyecto se enfoca en el sector inmobiliario, sus implicaciones podrían extenderse a:
– Confianza general de inversionistas en la estabilidad regulatoria del país
– Calificación de riesgo país y costo del financiamiento internacional
– Reputación como destino de inversión en mercados globales
– Competitividad regional en atracción de nuevas inversiones
Perspectivas y recomendaciones
Con proyecciones de superar los US$4,500 millones en IED para 2024, República Dominicana debe cuidar celosamente su reputación como destino seguro y atractivo para inversiones internacionales. Las políticas públicas, por bien intencionadas que sean, no pueden socavar los pilares que han sustentado nuestro desarrollo económico.
Este artículo abre una serie sobre inversión extranjera directa en República Dominicana.
La autora Reyna Echenique es abogada, empresaria inmobiliaria, CEO de Echenique Group, Secretaria de la junta directiva AEI, asesora especializada en atracción de inversión extranjera directa, egresada del diplomado 2023 de ProDominicana sobre inversión extranjera y analiza el impacto de políticas públicas en el clima de inversiones.
