“El sector inmobiliario es un sector dinámico y pujante en la provincia, que además de tener un rol económico de trascendencia, tiene una misión social que cumplir en procura de reducir el déficit habitacional que existe y que es un desafío que no sólo incumbe al sector público estatal, sino que también es un compromiso del sector privado y de toda la sociedad en su conjunto”.
NAGUA.- El pasado sábado 23 del presente mes, cerca de 40 profesionales de la provincia María Trinidad Sánchez que ejercen el oficio de corretaje inmobiliario dejaron constituida una asociación sin fines de lucro para colaborar y regirse bajo un mismo código de ética.
El evento tuvo lugar en el Restaurante Punto Saludable de esta demarcación, donde los participantes analizaron los problemas que afectan a la industria inmobiliaria de la provincia y el papel que juegan los agentes inmobiliarios.
En el encuentro se eligió un comité gestor o directiva provisional, a los fines de crear los estatutos que guiarán el gremio y convocar en los próximos 60 días a la constitución de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de María Trinidad Sánchez.
Un documento de prensa enviado a El Inmobiliario, diario digital, da cuenta que el comité gestor juramentado está integrado por Edwin Guzmán y Ángel Sánchez de Del Mar Inmobiliaria, Evelyn Henríquez de César Henríquez y Asociados, Anissamid Jiminián de Jiminián-Regalado y Asociados, Massiel García de Casasenrío (Río San Juan), Lissa Acosta de Paradise Real Estate Glad (Cabrera), César Almonte de Halpez Dominicana (Cabrera) y Reynaldo Santana de Realtyhs Inmobiliaria.
El comunicado sostiene que los integrantes del organismos son personas reconocidas en el sector por sus años de experiencia, formación profesional y valores éticos en su desempeño en la sociedad.
“El sector inmobiliario es un sector dinámico y pujante en la provincia, que además de tener un rol económico de trascendencia, tiene una misión social que cumplir en procura de reducir el déficit habitacional que existe y que es un desafío que no sólo incumbe al sector público estatal, sino que también es un compromiso del sector privado y de toda la sociedad en su conjunto”, establece el documento.
