SANTO DOMINGO- La Asociación Dominicana de Productores Cemento Portland (ADOCEM), advirtió ayer que el artículo 20 en el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado recientemente en segunda lectura por la Cámara de Diputados, podría abrir las puertas a la creación de monopolios y distorsionar gravemente el libre mercado.
La organización expresó su enérgico rechazo hacia esta modificación legislativa señalando que la misma vulnera los principios constitucionales y pone en riesgo el funcionamiento competitivo del mercado.
El artículo en cuestión, establece de forma obligatoria que las cementeras utilicen combustibles derivados de residuos nacionales en sus procesos de producción. Para la entidad, esta imposición representa una grave violación a la libertad de empresa, consagrada en el artículo 50 de la Constitución, al obligar a un sector específico a depender de un insumo que carece de condiciones mínimas de oferta, regulación y costo razonable.
“Imponer por ley el uso exclusivo de un insumo sin un mercado competitivo crea un escenario propicio para la formación de monopolios, impidiendo las negociaciones bajo principios de libre mercado”, expresó la asociación en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.
El gremio de los empresarios del cemento, también alertó que el país no cuenta con una cadena de suministro desarrollada ni con un marco regulatorio que garantice la calidad, disponibilidad y precio adecuado de estos residuos transformados en combustible. La entidad señaló, que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de las operaciones cementeras y podría generar distorsiones en el mercado, afectar la competitividad del cemento nacional y trasladar mayores costos al consumidor final.
Asimismo, indicó que la propuesta contradice el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, recogido en la propia Ley 225-20, que señala que la disposición final de residuos debe recaer en quienes los generan, y no en industrias que voluntariamente ofrecen soluciones técnicas como el coprocesamiento.
ADOCEM recordó que ningún país democrático con mercados abiertos impone legalmente la obligación de coprocesar residuos, sino que se promueve mediante incentivos, acuerdos voluntarios y marcos técnicos viable.
“Esta modificación legal, además de ser un precedente riesgoso para toda la industria nacional. Reiteramos nuestro compromiso con la sostenibilidad, pero rechazamos enfáticamente cualquier medida que distorsione el mercado y limite la libertad empresarial”, concluyó la asociación.
SANTO DOMINGO- La Asociación Dominicana de Productores Cemento Portland (ADOCEM), advirtió ayer que el artículo 20 en el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado recientemente en segunda lectura por la Cámara de Diputados, podría abrir las puertas a la creación de monopolios y distorsionar gravemente el libre mercado.
La organización expresó su enérgico rechazo hacia esta modificación legislativa señalando que la misma vulnera los principios constitucionales y pone en riesgo el funcionamiento competitivo del mercado.
El artículo en cuestión, establece de forma obligatoria que las cementeras utilicen combustibles derivados de residuos nacionales en sus procesos de producción. Para ADOCEM, esta imposición representa una grave violación a la libertad de empresa, consagrada en el artículo 50 de la Constitución, al obligar a un sector específico a depender de un insumo que carece de condiciones mínimas de oferta, regulación y costo razonable.
“Imponer por ley el uso exclusivo de un insumo sin un mercado competitivo crea un escenario propicio para la formación de monopolios, impidiendo las negociaciones bajo principios de libre mercado”, advirtió la asociación en un comunicado a través de su cuenta de instagram.
ADOCEM también alertó que el país no cuenta con una cadena de suministro desarrollada ni con un marco regulatorio que garantice la calidad, disponibilidad y precio adecuado de estos residuos transformados en combustible. La entidad señaló, que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de las operaciones cementeras y podría generar distorsiones en el mercado, afectar la competitividad del cemento nacional y trasladar mayores costos al consumidor final.
Asimismo, indicaron que la propuesta contradice el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, recogido en la propia Ley 225-20, que señala que la disposición final de residuos debe recaer en quienes los generan, y no en industrias que voluntariamente ofrecen soluciones técnicas como el coprocesamiento.
ADOCEM recordó que ningún país democrático con mercados abiertos impone legalmente la obligación de coprocesar residuos, sino que se promueve mediante incentivos, acuerdos voluntarios y marcos técnicos viable.
“Esta modificación legal, además de ser un precedente riesgoso para toda la industria nacional. Reiteramos nuestro compromiso con la sostenibilidad, pero rechazamos enfáticamente cualquier medida que distorsione el mercado y limite la libertad empresarial”, concluyó la asociación.
