Propone sistema mixto de sanciones.
SANTO DOMINGO.- Para la abogada Ana Bello Martínez la propuesta que daría entre 3 a 5 años de prisión a propietarios que desalojen incorrectamente a sus inquilinos, planteada en el anteproyecto de Ley de Alquileres y Desahucios, aprobada la pasada semana en primera lectura en la Cámara de Diputados, podría resultar excesivo y generar un efecto contraproducente en el mercado, desincentivando la oferta de viviendas en alquiler en el país.
La especialista en Derecho Inmobiliario y Registral aplaude que se busque disuadir a quienes vulneran el debido proceso, lo cual, entiende, es fundamental para garantizar un sistema de derecho. “No obstante, las penas privativas de libertad deben ser proporcionales al hecho cometido. Establecer una sanción de 3 a 5 años de prisión, incluso en casos sin violencia ni intimidación, podría resultar excesivo y generar un efecto contraproducente en el mercado, desincentivando la oferta de viviendas en alquiler”, declaró la profesional a El Inmobiliario.
Ana Bello Martínez considera que lo ideal es que el Estado provea mecanismos legales expeditos, justos y eficaces, que permitan a los propietarios recuperar sus bienes sin necesidad de recurrir a medios ilegales.
En su defecto, la experta propone un sistema mixto de sanciones, que incluya: Multas administrativas graduales según reincidencia, reparación de daños y perjuicios ocasionados al inquilino y un registro público de infractores.
“Debería reservarse la prisión únicamente para casos agravados que involucren violencia, intimidación o reincidencia. Así se protege el derecho a la vivienda sin debilitar el derecho de propiedad”, enfatizó.
Para la también asesora inmobiliaria de Élite House, el anteproyecto de la autoría del actual presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, representa una nueva era en la legislación dominicana en materia de alquileres, sustituyendo un marco normativo anticuado y fragmentado por una propuesta moderna, coherente y orientada a equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos, a su juicio.
Pero entiende, no obstante, que debe perfeccionarse para reconocer las distintas realidades del mercado: desde los arrendamientos familiares hasta las estructuras de inversión más complejas. “De igual forma siempre es importante respetar la voluntad de las partes respecto de las causales de terminación del contrato, los términos comerciales de su renta como los incrementos, la actualización de los depósitos, etc.”.
Apunta que la ley debe evitar que la balanza se incline excesivamente hacia un solo lado. “No siempre se trata del «pobre inquilino» que será desalojado injustamente. En muchos casos, estamos ante empresarios que reiteradamente incumplen, mantienen operaciones lucrativas sin pagar y colocan al propietario en una posición de desventaja e indefensión”.
En definitiva, aprecia que el instrumento legal tenga un enorme potencial para transformar el mercado de alquileres, aunque siempre que se apruebe con los ajustes necesarios y se implemente con visión, equidad y compromiso institucional.
Juzgado especial
Sobre el Juzgado de Paz en atribuciones de alquileres y desahucios, opina que se trata de una medida excelente y necesaria, porque como jurisdicción especializada permitirá resolver los conflictos con mayor rapidez, acorde con la urgencia que este tipo de litigios suele requerir. Además, señala, que contribuirá significativamente a reducir la mora judicial tanto en los juzgados de paz ordinarios como en los especializados, mejorando la calidad de las decisiones al contar con jueces capacitados exclusivamente en esta materia.
“Un ejemplo claro es que, actualmente, un proceso de desalojo por falta de pago puede tardar entre cuatro y seis meses o más. Esta demora expone al propietario o inversionista a pérdidas económicas significativas mientras el inquilino incluso puede continuar operando un negocio en el inmueble sin pagar ni alquiler ni mantenimiento”, destaca.
Para Bello Martínez, la creación de este juzgado es, sin duda, una de las apuestas más importantes del anteproyecto, pero subraya que debe ir acompañada de presupuesto suficiente, recursos humanos capacitados y estructura administrativa funcional.
Pago de honorarios a los agentes
Tras reconocer que se trata de una reforma justa, moderna y necesaria, la especialista en derecho inmobiliario puntualiza que establecer por ley que los honorarios del agente inmobiliario serán responsabilidad de quien lo contrate aporta transparencia, certeza jurídica y profesionaliza la práctica del corretaje.
“Este cambio fomenta la formalización de los contratos de corretaje, fortalece la ética en el sector y protege tanto al cliente como al profesional inmobiliario. También impulsa una mayor claridad en las relaciones entre partes y previene conflictos derivados de ambigüedades o representaciones dobles no reguladas”, concluye Ana Bello Martínez.
