Estas instituciones deben interactuar y coordinar con ministerios como el MOPC y el MIVHED, ya que sus obras forman parte de proyectos multidimensionales que integran redes viales, servicios urbano-comunitarios y desarrollos habitacionales.
SANTO DOMINGO. – Dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026, además de los grandes ministerios que lideran las inversiones en infraestructura y construcción, el Estado dominicano consigna importantes asignaciones a instituciones públicas que desarrollan y mantienen servicios de agua potable, alcantarillado y manejo de recursos hídricos.
Estas entidades son piezas fundamentales del sector construcción y del desarrollo territorial, ya que sus proyectos involucran obras civiles, redes de servicios básicos y sistemas de infraestructura que impactan directamente la calidad de vida de la población.
Estas asignaciones permiten el desarrollo, mantenimiento y expansión de redes de agua potable y alcantarillado, infraestructuras que requieren obra civil continua y generan demanda de materiales, servicios y empleo en el sector construcción.
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
El INAPA recibe en la propuesta presupuestaria del 2026 una asignación de RD$15,078.9 millones. Este monto se orienta a la expansión y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado en diversas provincias y localidades del país.
La labor de esta entidad va más allá de la operación de sistemas existentes: sus inversiones incluyen proyectos de ampliación de redes, obras de captación y tratamiento, así como intervenciones para garantizar el acceso universal al agua potable, con un enfoque de equidad social y territorial.
Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados (CORAS) y CAASD
El conjunto de Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados (CORAS), incluyendo a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), recibe una asignación consolidada dentro del presupuesto de RD$26,236.3 millones destinados al abastecimiento de agua potable y servicios comunitarios.
Dentro de este total, la CAASD tiene una asignación específica de RD$6,727.5 millones, lo que asegura continuidad en los proyectos de agua potable y saneamiento en la capital y su área metropolitana.
Otras CORAS como la CORAASAN (Santiago) con RD$2,531.7 millones y CORAAVEGA (La Vega) con RD$621.8 millones, también están contempladas, garantizando atención a diversas regiones del país.
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)
En el ámbito del manejo de recursos hídricos y generación de energía limpia, la EGEHID recibe RD$288.9 millones dentro del presupuesto 2026, como parte de las transferencias destinadas a fortalecer su capacidad operativa y de inversión en sistemas hidroeléctricos, que forman parte de la infraestructura estratégica del país.
Si bien este monto es menor en comparación con otras asignaciones, representa un reconocimiento presupuestario a esta entidad, en el marco de una política que promueve energías más sostenibles e integradas a la planificación hídrica nacional.
Implicaciones para el sector construcción y desarrollo territorial
Las asignaciones presupuestarias a estas instituciones implican inversiones en obras civiles, sistemas de distribución, mantenimiento integral de redes y ampliación de servicios básicos que forman parte del tejido de infraestructura pública.
Estos gastos no solo responden a necesidades de provisión de servicios esenciales, sino que además dinamizan segmentos vinculados al sector construcción, como obra gruesa, instalación de tuberías, sistemas de bombeo, plantas de tratamiento y obras complementarias de urbanización.
Además, estas instituciones deben interactuar de manera coordinada con ministerios como el MOPC y el MIVHED, ya que sus obras forman parte de proyectos multidimensionales que integran redes viales, servicios urbano-comunitarios y desarrollos habitacionales.
Este conjunto de recursos fue aprobado por el Congreso Nacional y remitido al Poder Ejecutivo para promulgación u observación, y su ejecución queda asegurada mediante el financiamiento autorizado, incluido un préstamo, que permite cubrir el déficit fiscal proyectado sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.
