Solicitan la intervención urgente de las autoridades para proteger propietarios
SANTO DOMINGO.– La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Metro Country Club (APIMCC), denunció ayer jueves irregularidades en la titulación de propiedades de ese complejo residencial.
En rueda de prensa Tony Antonio Pimentel, presidente de la asociación, expuso que al menos 19 propietarios han sido notificados con órdenes de desalojo y otros 60 estarían bajo riesgo inminente, tras una sentencia que busca ejecutar una deuda privada de 9.6 millones de dólares, utilizando como garantía inmuebles que ya habían sido legalmente vendidos a terceros.
Explicó que el pasado mes de septiembre, varios propietarios recibieron notificaciones de desalojo derivadas de una deuda contraída por el promotor original, Luis José Asilis Elmudesi, y sus empresas (Metro Country Club y GroupMetro) con el acreedor Suheil Elias Atallah Lajám.
«Una sentencia del 24 de abril de 2024, emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de San Pedro de Macorís, adjudicó ciertas parcelas —supuestamente propiedad de las empresas de señor Asilis— a señor Atallah como pago, resultando en la emisión de nuevos títulos que se superponen a los ya existentes y válidos de los propietarios, registrados hace casi dos décadas», precisó.
Los afectados dijeron que esta acción ha generado alarma en la comunidad, ya que se anticipan notificaciones adicionales de otros acreedores, lo que incrementa la inestabilidad y el temor a desalojos injustificados. Los propietarios afectados poseen documentación legal completa, incluyendo certificados de no gravamen, lo que pone en entredicho la legitimidad de estas nuevas titulaciones.
Expusieron que el caso revela serias anomalías en el sistema registral inmobiliario dominicano, regulado por la Ley 108-05, destacando alegada duplicidad de titulos, inconstitucionalidad, omisión de procedimientos y relatividad contractual.
Según los denunciantes un aproximado del 30% de los propietarios son inversionistas internacionales, provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Polonia, España y Rusia.
Agregaron que estas prácticas no solo afectan a los propietarios de Metro Country Club, sino que erosionan la confianza en el sistema registral dominicano, desincentivando la inversión nacional y extranjera, además de que «contradicen políticas públicas como el Plan Nacional de Titulación (Ley 82-25 de 2025)».
Precisaron que Metro Country Club es un proyecto turístico de más de 20 años que alberga alrededor de 1,000 propiedades, incluyendo residencias permanentes, de fin de semana y solares vacíos. Los propietarios, respaldados por títulos definitivos, deslindes y pagos al día de impuestos (IPI), representan un mosaico diverso: familias dominicanas de clase alta, media alta y media, así como inversionistas extranjeros de países como Suiza, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Rusia y otros.
La asociación dijo que no se opone al cobro legítimo de las deudas de Asilis, pero enfatiza que los propietarios no tienen responsabilidad alguna en dichas obligaciones, ya que no las contrajeron ni autorizaron al promotor a usar sus propiedades como garantía. «Cualquier intento de trasladar estas deudas a terceros inocentes es ilegal y podría constituir extorsión».
La asociación expresó su preocupación por tácticas similares de otros acreedores, que podrían buscar intimidar a la comunidad para saldar deudas ajenas, atentando contra el Estado de Derecho.
En ese sentido, formuló un llamado urgente a las autoridades dominicanas para proteger a los propietarios y restaurar la seguridad jurídica. Solicitaron la atención de la Suprema Corte de Justicia, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, el Ministerio Público y la Procuraduría General a examinar la doble titulación y las irregularidades registrales.
Asimismo, demanda la paralización inmediata de desalojos pendientes hasta esclarecer los hechos, una revisión registral para identificar y corregir anomalías, conforme a la Ley 108-05 y aplicación de medidas contra los responsables de irregularidades, alineadas con la legislación vigente.
«Este caso no solo afecta a los propietarios de Metro Country Club, sino que tiene implicaciones nacionales. La inseguridad jurídica derivada de títulos duplicados pone en riesgo la confianza en el sistema registral, esencial para la inversión extranjera y el desarrollo económico, especialmente en un hub turístico como Juan Dolio. La situación podría desalentar a inversionistas y contradecir los esfuerzos del Gobierno por promover la titulación masiva y la estabilidad patrimonial», apuntaron.
La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus miembros, buscando garantizar que Metro Country Club siga siendo un espacio seguro para sus residentes e inversionistas.
