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Diputados acogen más del 90 % de las propuestas de sectores nacionales y harán ajustes al proyecto de ley de alquileres

La pieza podría ser aprobada definitivamente luego del 16 de agosto.

SANTO DOMINGO.– Tras recibir una avalancha de críticas y propuestas de los diversos sectores vinculados al tema, para que fueran incorporadas al proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, la comisión especial que estudia el proyecto, acogió en más de un 90 % los planteamientos formulados por los diversos organismos, que abogaron por fortalecer la pieza.

La propuesta fue aprobada en junio en primera lectura en la Cámara Baja, mientras posteriormente fueron celebradas vistas públicas, donde distintos representantes del empresariado conectado a la industria, expusieron sus opiniones sobre el anteproyecto, destacando aspectos que debían ser ajustados para fortalecer la seguridad jurídica en el mercado de los arrendamientos en el país.

El diputado Amado Díaz, presidente de la comisión informó ayer que los legisladores estarían modificando las piezas en aspectos como sanciones menos rígidas para los propietarios y más libertad en el contrato de renta, tras señalar que más del 90 % de las sugerencias recibidas en unas vistas públicas fueron acogidas, ponderadas e incorporadas al proyecto.

De inmediato la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) aplaudió la aprobación, indicando que las observaciones remitidas a la Cámara Baja, el día 3 del presente mes, tuvieron una favorable recepción, acorde con el interés de aportar a un sector inmobiliario robusto, que impacte positivamente en la ciudadanía y los oferentes de estos servicios.

“Valoramos positivamente que el proceso de revisión legislativa haya considerado nuestras recomendaciones con relación al equilibrio entre derechos contractuales, garantías procesales y dinamismo del mercado inmobiliario”, dice la entidad en un documento.

El diputado Díaz explicó que uno de los ejes centrales de la propuesta legislativa es establecer un «pronto despacho» para los casos de demanda por falta de pago y, por tanto, las modificaciones al proyecto plantearían que en un plazo de entre 45 y 60 días se pueda proceder a la expulsión del inquilino moroso.

El legislador defendió esta medida, señalando que, aunque la vivienda tiene un componente social, este debe ser garantizado por el Estado y «no por personas particulares que hacen grandes esfuerzos para construir una vivienda y vivir de su renta».

Algunos puntos observados y tomados en cuenta

Los cambio al proyecto incluyen una diferenciación entre las viviendas y los locales comerciales. Para las viviendas se contempla un procedimiento de desalojo más ágil, mientras que, para los locales comerciales, debido a las inversiones millonarias que a menudo requieren, el proceso se envía a un tribunal ordinario.

Sobre las observaciones de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que advirtió que la iniciativa podría implicar una carga adicional para las entidades financieras al permitir que los depósitos de alquileres se hagan en cualquier banco, Díaz aclaró que el proyecto no impone ninguna obligatoriedad al respecto.

En ese orden, precisó que se trata de una opción que se le da al inquilino para que, si no desea que el Banco Agrícola conserve sus depósitos, pueda solicitar que el dinero se guarde en una cualquier entidad bancaria cercana al inmueble alquilado.

Díaz explicó que esa disposición busca dar garantías al inquilino, pero sin imponer al propietario el deber de utilizar obligatoriamente esa vía.

Además, el diputado subrayó que los cambios también abarcan mantener la naturaleza privada del contrato de alquiler, entendiéndolo como un acuerdo entre dos partes, en el que el Estado solo debe intervenir en caso de desacuerdo.

Aseguró que el contenido de la ley está orientado a respetar la voluntad de las partes involucradas y que la intervención estatal se limitará al ámbito punitivo cuando sea necesario.

Reconoció que, dado que restan pocos días para el cierre de la actual legislatura, es muy probable que el proyecto se conozca en la próxima, que iniciará el 16 de agosto. Estimó que, durante la primera o segunda semana de la nueva legislatura, la Cámara Baja retomará su estudio y se avanzará hacia su aprobación definitiva.

Acoprovi saluda la medida

Compartimos el comunicado de Acoprovi, saludando la decisión de la Cámara de Diputados:

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