SANTO DOMINGO.-La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, presidida por el magistrado Glass Gutiérrez, confirmó ayer viernes 11 de junio, la prisión preventiva de 18 meses a dos mujeres señaladas por haber incurrido alegadamente en malas prácticas inmobiliarias
Con la medida, la corte rechazó un recurso de apelación interpuesto por las imputadas y confirmó en todas sus partes la decisión dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana que el pasado 25 de febrero le impuso la medida privativa de libertad.
Una nota de prensa de la Procuraduría General de la República explica que «A solicitud de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, un tribunal confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Rocío del Alba Rodríguez de Moya y a Marisol Nova Nolasco, principales cabecillas de una red de estafa electrónica de carácter inmobiliario».
Ambas cumplen prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
El documento de prensa precisa que igualmente, Yves Alexandre Giroux, «principal cabecilla de la red», cumple la misma medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
El órgano persecutor explica que en la audiencia para la revisión obligatoria de la coerción a dicho imputado, el próximo 5 de agosto, el Ministerio Público también pedirá que le sea confirmada la medida privativa de libertad.
«Giroux encabezaba la estructura junto a Loany Ortiz, quien se encuentra aún detenida en Bogotá, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos», sostiene el comunicado.
Añade que el grupo criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
«En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$ 18,851,583.12, además de que han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes», apunta.
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de los imputados constituye una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El equipo de litigación, estuvo conformado por los procuradores de Corte, Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, además del procurador fiscal Claudio Cordero.
Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez manifestaron que esta decisión confirma la solidez de la imputación y de la investigación que realiza el Ministerio Público.
