«Se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas«, afirmó el órgano persecutor.
SANTO DOMINGO.– «Con Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas en empresas públicas en el área de seguridad privada. Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación», reveló anoche Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La noche del miércoles 9 de junio 2025, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de 10 de los implicados de la red. Como parte de la Operación Lobo el órgano persecutor informó previamente que arrestó a militares y civiles de una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La magistrada Ortiz llegó faltando seis minutos para completarse el plazo que establece la ley para depositar la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a fin de que en las próximas horas se fije el conocimiento de la misma.
Destacó que esta operación apenas inicia y pueden haber más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso, según publica el periódico El Día de esta fecha.
Explicó que están solicitando prisión preventiva como medida de coerción ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas, que violan la Ley de Compra y Contrataciones en instituciones tan vulnerables como lo es INAIPI y las empresas distribuidoras de electricidad.
Advirtió que todo aquel que esté implicado en esta operación será sometido a la acción de la justicia.
El caso
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
