Por Danielis Fermín
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.-República Dominicana es uno de los países más afectados por el cambio climático. Esta situación ha llevado a diversos sectores productivos a buscar alternativas para reducir su impacto en el medio ambiente.
El sector de la construcción, responsable de aproximadamente el 37% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía, según el Informe sobre la situación mundial de los edificios y la construcción, publicado por Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), es un claro ejemplo de esta tendencia.
Para mitigar este impacto, el Estado dominicano y organizaciones internacionales han implementado certificaciones medioambientales que garantizan el cumplimiento de estándares que protegen los recursos naturales y, además, aseguran que las construcciones cumplan con normativas que promuevan la gestión eficiente del agua y la energía, reduciendo emisiones y desechos.
La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, afirma que “las certificaciones medioambientales pueden diferenciar un proyecto en el mercado, atrayendo a compradores interesados en prácticas sostenibles”. Sin embargo, también reconoce que “incrementan significativamente el precio, lo que algunos compradores no están dispuestos a asumir”.
Annerys Meléndez, presidenta Acoprovi. (Fuente externa).
El interés de los consumidores por productos y servicios ecoamigables se extiende a sus hogares y vehículos, lo que ha llevado a los constructores a priorizar la creación de espacios que cumplan con estas exigencias. “Las empresas constructoras que obtienen certificaciones ambientales demuestran su compromiso con la sostenibilidad, mejorando su reputación y atrayendo a inversionistas y clientes que valoran la responsabilidad social y ambiental”, destaca Meléndez.
Construir con un enfoque sostenible ofrece beneficios como incentivos fiscales y financieros, tales como descuentos en seguros o impuestos, y un mayor valor en el mercado inmobiliario.
El mercado local
En República Dominicana, la construcción de nuevos edificios sostenibles debe alinearse con varias regulaciones, aunque actualmente no existe una norma específica para este tipo de edificación.
La Ley 1-12 de 2012 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece directrices para el desarrollo de espacios que promuevan la equidad urbano-rural y faciliten el acceso a viviendas económicas, seguras y dignas. Asimismo, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) define los principios para la protección y conservación del medio ambiente en todas las actividades.
El país también cuenta con el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento 571-09 o su sustituto), que incluye procedimientos para evaluar y mitigar los impactos ambientales de proyectos de construcción, así como requisitos para la eficiencia energética y la conservación de recursos.
Además, la Norma Nacional de Edificaciones Sismorresistentes (R-001) garantiza la resistencia sísmica de las edificaciones, y el Programa de Certificación de Edificaciones Sostenibles (Certificación de Edificación 3Rs) reconoce las edificaciones que siguen los principios de reducir, reusar y reciclar. La Ley de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales (57-07) promueve la instalación de sistemas de energía renovable en nuevos edificios.
En el ámbito internacional, existen certificaciones como la Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), Haute Qualité Environnementale (HQE International) y el Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) que establecen estándares de sostenibilidad para edificios.
Retos y medidas
A pesar de que la construcción sostenible es una tendencia global, en República Dominicana los desarrolladores enfrentan desafíos significativos, como la obtención de materiales que cumplan con las certificaciones de sostenibilidad a un costo razonable y la disponibilidad de profesionales especializados en prácticas sostenibles.
“La implementación de prácticas sostenibles en la construcción puede ser complicada debido a la falta de recursos adecuados y la necesidad de ajustar los procesos y diseños para cumplir con los requisitos de certificación”, señala Meléndez.
También, los costos asociados con la certificación, el cambio de diseños y materiales, y la implementación de prácticas sostenibles sin aumentar significativamente los precios de los proyectos son aspectos críticos a considerar. “El mercado puede ser reacio a aceptar precios más altos, lo que complica la adaptación de los proyectos a estos estándares”, agregó.
Para facilitar el proceso de certificación y mejorar el cumplimiento, Meléndez propone fomentar el desarrollo de materiales y servicios sostenibles en el mercado local, así como la creación de incentivos para proyectos que integren prácticas sostenibles.
Sugiere proporcionar guías detalladas sobre construcción sostenible para ofrecer a desarrolladores y constructores la información necesaria para adoptar prácticas ecoamigables de manera efectiva y accesible.
Pie de foto: Foto portada: Canva.
